«Te voy a mandar violar para que te hagas mujercita», le decía su hermana.
Por aquel entonces Kattia Montenegro, una estudiante de 21 años de Arequipa, una ciudad del sur de Perú, no había hecho pública su orientación sexual.
Pero su hermana sabía que era lesbiana y le hacía la vida imposible, hasta tal punto de amenazarla con una violación «correctiva».
Practicar sexo con un hombre, «probar un buen varón», la «enderezaría», según ella.
Las mujeres homosexuales que se han visto sometidas a este tipo de prácticas con el objetivo de forzarlas a la heterosexualidad no se ven reflejadas en las encuestas sobre violencia en el país.
Pero los expertos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, aseguran que no son casos aislados.
Práctica usual
«Lamentablemente es una práctica que tiene cierta recurrencia», reconoce Margarita Díaz Picasso, la directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, a BBC Mundo.
Los casos «no están documentados, no es usual la denuncia, pero los he escuchado desde 2005», dice por su parte María Isabel Cedano, directora de la organización Estudio para la Defensa de Derechos de la Mujer (Demus), una activista con 25 años de experiencia, 10 de ellos en el ámbito del feminismo.
Y un estudio reciente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red Peruana TLGB, el Informe anual sobre los derechos humanos de personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2014-2015, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.
Resultado de la violencia del sistema de presión del patriarcado
«Son el resultado de la violencia de un paraguas grande, del sistema de presión del patriarcado», remarca Maribel Reyes, la secretaria nacional de una de las organizaciones detrás del estudio, la Red Peruana TLGB, a BBC Mundo.
Una violencia que se manifiesta de diversas formas, desde insultos, pasando por la agresión física, hasta las amenazas de este tipo, aclara.
Estos ataques son el resultado de la violencia del sistema de presión del patriarcado, dice Maribel Reyes. «El propio término, violación correctiva, ha nacido de ese enfoque de presión que dice que hay que castigar todo lo que se salga de la norma establecida: la mujer heterosexual y sumisa a la sombra de un hombre», prosigue.
Por eso, «no creo que los que someten a mujeres lesbianas a estos procesos crean que van a cambiar su orientación sexual, sino que lo hacen a modo de castigo».
«Inacción del Estado»
Ante esto, el informe también señala al gobierno y su responsabilidad para con esta realidad.
Y es que Perú no cuenta con una política nacional contra la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género.
Ni tampoco tiene tipificados los crímenes de odio hacia la población LGTBI, aunque ha habido iniciativas parlamentarias para cambiar esa realidad y organizaciones como Amnistía Internacional llevan años luchando para ello.
El congresista Carlos Bruce (Perú Posible), también corredactor de la iniciativa de ley sobre la unión civil, presentó en 2009 el Proyecto de Ley Contra los Crímenes de Odio.
En 2013 volvió a plantear el borrador, modificado y sin el término «crímenes de odio».
Pero cuando finalmente se aprobó la Ley Contra Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, el congresista denunció que había sido recortada y que excluía a la comunidad LGTBI.
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DesdeLaPlaza.com / BBC / JT