La propuesta está planteada. En medio del tabú, mujeres manifiestan públicamente, y sin temor alguno, para exigir a la Asamblea Nacional Constituyente la despenalización del aborto en Venezuela para evitar el aumento de la tasa de mortalidad materna, que se ubica como la tercera causa en el país.
El presidente Nicolás Maduro, en una entrevista ofrecida el pasado 19 de noviembre al periodista español Jordi Évole, expresó que espera que el organismo realice un debate sobre el tema. «No me quiero pronunciar previamente sobre un tema tan delicado para la mujer y para la sociedad», dijo el mandatario nacional.
Pero fue hace siete meses, el 28 de septiembre del 2017, en el marco del Día de Acción Global por un aborto seguro y legal, cuando diferentes organizaciones se articularon y presentaron la propuesta para la despenalización del aborto en Venezuela. Sin una respuesta concreta, y a modo de persistencia, acordaron protestar el 28 de cada mes para ejercer presión y lograr un avance significativo en su lucha.
Los «movimientos sociales feministas, antipatriarcales, socialistas y profundamente chavistas”, como se describe en la página de Araña Feminista, buscan “que se respeten y se visibilicen jurídicamente los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos”, y se considere en la nueva Constitución de la República la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.
La organización manifiesta su preocupación porque en los último 18 años no se han alcanzado logros significativos en estos temas. Una de las exigencias señaladas es el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre la interrupción o no del embarazo, «que pasa por excluir del texto constitucional toda referencia religiosa, en especial del término ‘concepción’”.
Pero ¿qué dice exactamente la Constitución venezolana? En su artículo 76 se establece que las parejas tienen el derecho a decidir el número de hijos e hijas que desean concebir y a disponer de la información y los medios que le aseguren este derecho”. Pero la Carta Magna no es el único ordenamiento jurídico venezolano que da referencia; también el Código Penal venezolano, que establece en su artículo 430 una pena de seis meses a dos años a quien se practique el aborto; mientras que el encargado de realizarlo será condenado a prisión de 12 a 30 meses, según prosigue el artículo 431.
Frente a los señalamientos de la sociedad, se alega un motivo que van más allá de lo religioso y de los prejuicios: se trata de resguardar la vida de las mujeres cuyas vidas están en peligro. En un entrevista ofrecida a Desde La Plaza, Alejandra Laprea, integrante de la Red de Colectivos de Mujeres Socialistas Feministas La Araña Feminista, explicó que una de las razones por las que mantienen la lucha es porque intentan evitar que mueran más féminas que recurren a laboratorios clandestinos y pocos salubres para realizarse la práctica.
Aborto seguro y no clandestino
«El hecho de que se despenalice el aborto no significa que va a haber más mujeres que aborten o que se esté promoviendo el aborto, lo que cambia es que las mujeres podrán practicarlo con mayor seguridad y en las condiciones adecuadas», expresó Laprea.
Pero a este planteamiento se le suma otra realidad innegable: la escasez y altos precios de los métodos anticonceptivos y la falta de una política educación sexual efectiva, que desencadenó el aumento de los embarazos no deseados y el repunte de los embarazos precoces. Además, el alto costo de la vida actual pone en dudas la decisión de asumir la responsabilidad de concebir un bebé, sobre todo cuando se trata de mujeres que viven en condiciones sumamente vulnerables.
Mariana García Sojo, vocera nacional de la Red de Información por el Aborto Seguro (RÍAS), señaló en entrevista a esta redacción que la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 12 de gestación. El pasado 28 de marzo lograron presentar nuevamente el proyecto articulado. Se les había dicho que iban a darles la palabra en una sesión ordinaria de la ANC para discutir el tema, pero esa sesión aún no se ha concretado.
García Sojo reconoció que Venezuela sí se ha quedado atrás en las políticas dirigidas a la mejora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. «Creemos firmemente que es en revolución que es posible lograr estos avances en comparación a los niveles de estancamiento en décadas anteriores», sostuvo.
No se trata de un tema moral o si las personas están de acuerdo o no con la despenalización del aborto en Venezuela, consideró. Esta realidad de las mujeres que esperan abortar con seguridad, en caso de que su vida esté en peligro, inviabilidad fetal y violación, se refleja en los números suministrados por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Cifras oficiales desconocidas
La vocera nacional de la RÍAS puntualizó que países de Latinoamérica y el Caribe tienen los índices de aborto más altos del mundo; sin embargo, esta es también es una de las regiones en donde hay más abortos clandestinos, en condiciones inseguras, insalubres y con el riesgo a muerte. En Venezuela, existe un índice de mortalidad sumamente alto, alertó García Sojo, sobre todo a partir desde los últimos cuatro años.
Las números oficiales de la mortalidad materna en Venezuela son desconocidos. En el 2017 se registraron 130 muertes de madres por cada 100 mil nacidos, refirió García Sojo. De acuerdo con las cifras suministradas en 2013 por la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, el 10% de las muertes maternas ocurrieron por practicarse el aborto, lo que lo ubica como la tercera causa de muerte materna en el país.
El aborto clandestino se traduce a que haya más abortos peligrosos, lesiones permanentes y muerte. «Por eso el aborto para nosotras en un asunto de salud pública que tiene que legalizarse, no para crear más abortos sino para que haya menos muertes», dijo García Sojo a Desde La Plaza.
Venezuela y otros países de América Latina
En América Latina, Guyana y Uruguay permiten el aborto sin restricciones; mientras que Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú permiten el aborto para preservar la salud de la mujer. En el caso de Uruguay, desde entonces la mortalidad materna se redujo en un 40%. García Sojo resaltó también la importancia de que la medida sea acompañada de una política de educación sexual de edad temprana y la masificación de los métodos anticonceptivos.
«Generalmente (la legalización) viene acompañada de un marco de política pública en la que la educación sexual no conservadora, sino centrada en el placer, consenso y la responsabilidad paterna es un elemento clave. Otro punto importante es el acceso masivo a métodos anticonceptivos, en este momento todos sabemos que en Venezuela es sumamente difícil y esto ha disparado los embarazos no deseados«, comentó la vocera proaborto.
Venezuela es un país laico, según establece la Constitución de la República. Por lo tanto se le debe dar respuesta a todas las mujeres, dijo García Sojo. Insistió en que se trata de un tema de mortalidad y del ejercicio de la sexualidad libre y responsable, y no de un tema moral.
«No creemos que la gente tiene que abortar a juro. Si una persona está en contra del aborto, no tiene porqué abortar», finalizó.
DesdeLaPlaza.com/Luis De Jesús