Decíamos en entregas anteriores, que el Estado del siglo XX, con asesorías, creó el: “Proyecto RATELVE: diseño para una nueva política de radiodifusión del Estado venezolano”, que propuso un régimen mixto auténtico (público y privado), y denunció ‘inadecuación e ineficiencia’ en la radiodifusión privada y pública como servicio.
Defendían a la CANTV de entonces como ‘adecuada a sus atribuciones’ en contraposición a las demás instituciones públicas vinculadas a la comunicación, carentes ‘de recursos, personal y políticas’. El servicio público de radio y TV lucía desintegrado, en contraste con la integración privada, y la publicidad era factor de presión en las decisiones públicas, en la integridad cultural, en la independencia económica, e incluso la seguridad del Estado
Este proyecto, como la gran cantidad de propuestas que la comunicología desarrolló para el improvisado estado adeco y copeyano, fue desechado. La posibilidad de un verdadero régimen auténtico, público y privado, con recursos, personal y políticas, se logró en esta construcción del socialismo del siglo XXI, con el Sistema Nacional de Medios Públicos. Un estado fuerte, desarrollado, y una empresa privada, ya desarrollada desde el siglo XX, donde ambos factores poseen políticas propias.
Decíamos también que fue muy difícil lograr la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en una pugna donde la mayoría que promovía dicha ley era simple en la Asamblea Nacional, que redujo el anteproyecto de ‘Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, de más de 134 artículos, a 34, dejando muchos aspectos para disposiciones transitorias, y mecanismos de asignación, uno terminado (el de TV por suscripción), otro para revisión (asignación de PNI en radio), y otro no terminado (asignación de PNI en televisión) todo esto delegado al Poder Ejecutivo.
Se añade ahora la nueva ‘Ley del Plan de la Patria’, la cual encierra importantes retos: Construir la hegemonía comunicacional de los ciudadanos. Profundizar la acción educativa en función de la consolidación del Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en nuestra Constitución.
Además, fortalecer la soberanía comunicacional en la difusión de nuestro patrimonio cultural, geográfico, turístico, ambiental, y la integración latinoamericana. Desarrollar una TV de valores socialistas (solidaridad, inclusión, defensa del planeta). Consolidar una TV responsable, regulada por un Poder Popular organizado, formado para la crítica al medio, usuarios con derechos, y no meros televidentes.
Desarrollar la TV productiva de exportación, contribuyente al ingreso no petrolero de la Nación. Desarrollar aún más el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, tanto en una TV privada que contribuya a los valores de la Patria, como en el llevar a niveles no vitales la conexión de Venezuela con la industria cultural, dominada por potencias neocoloniales.
Ya el poder legislativo hizo su trabajo, la Ley RESORTEME es una ley en plenas funciones, donde solo falta la conclusión de sus mecanismos ulteriores, y su estrategia de asignación.
Una revisión, vía habilitante, revisada con el Poder Popular, técnicos, artesanos y profesionales de la comunicación, podría concretar la nueva TV que Venezuela está construyendo.
DesdeLaPlaza.com/Ennio Dimarcoantonio