La soprano Montserrat Caballé no ha comparecido este martes en el juicio al que estaba citada para ratificar el acuerdo alcanzado con la Fiscalía por el que aceptaba medio año de cárcel por un delito de fraude fiscal, sin dar ninguna explicación de los motivos de su ausencia.
Según han informado fuentes judiciales, el abogado de Caballé ha acudido a la vista para anunciar que renuncia a su defensa por desavenencias con la acusada, lo que ha obligado al juez a suspender el juicio y a emplazar a la soprano a que designe un nuevo letrado para la ratificación de su acuerdo con la Fiscalía.
Es la segunda vez que no se presenta al juzgado para ratificar el pacto —la primera ocasión alegó razones médicas—, y ahora el juez le hará un requerimiento para que explique por qué no ha acudido este martes. El que era abogado de la soprano, Santiago Ayesta, presentó la semana pasado un escrito con el que renunció a defenderla —y que ha ratificado este martes— pero este hecho no eximía a la artista de presentarse en el juzgado.
Sin pagar el IRPF de 2010 Caballé llegó a un pacto en que admitió un fraude de 508.562 euros al no pagar el IRPF de 2010 y aceptó pagar una multa de 254.231 euros además de devolver lo defraudado. El acuerdo incluía seis meses de prisión —aunque previsiblemente no entrará por no tener antecedentes y ser una pena menor de dos años— y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante año y medio.
La soprano fue imputada en abril de 2014 después de que la Fiscalía concluyera que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en el Principado de Andorra «a los solos efectos de no tributar en la Hacienda Pública Española». Ese año, ofreció recitales en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia, Ucrania, y en grabaciones en Moscú, Ginebra y Barcelona, y no presentó la declaración del IRPF por estos conceptos.
Para conseguir que Hacienda no conociese sus ingresos y su residencia real en España y no le pudiera exigir así el pago del impuesto corrrespondiente, la mayoría de los contratos los firmó a través de una empresa andorrana, Reial Classics SL., indicando que el dinero se ingresase en una cuenta bancaria de esta sociedad en el Principado, según le acusó la Fiscalía.
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