Cada año se producen 16 millones de municiones (2,5 por habitante) y causan la muerte de una persona cada dos minutos en alguna parte del planeta. Debido a esta problemática, del 24 al 30 de octubre se celebra la Semana del Desarme a nivel mundial (también fecha de la creación de la Organización de las Naciones Unidas) que se estableció en el Documento Final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General en 1978 y en el que se hace un llamado a que se abandone el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y se logre la seguridad desde el desarme.
Además se pidió la observancia anual de esta semana y se invitó a los Estados a que se resalte el peligro que representa la carrera armamentista, también propagar la necesidad de que cese y hacer que el público entienda la urgencia de las tareas de desarme.
Según cifras de la ONU, de al menos 640 millones de armas de fuego con licencia en el mundo (aproximadamente dos tercios están en manos de la sociedad civil) y el comercio legal de armas pequeñas supera los 8.500 millones de dólares anuales, se estima que el ilícito se acerca a los 1.000 millones. Además, el 90% de las armas ligeras ilegales proceden originalmente de una transacción autorizada y aprobada por un Estado.
Pese a su dificultad, también una de las principales metas de las Naciones Unidas es la eliminación de las armas nucleares y de todas las demás armas de destrucción masiva y los avances para lograr este objetivo son escasos a pesar de los compromisos de los Estados Miembros porque las tensiones que existen entre los países poseedores de las mismas y la paralización de los progresos de los mecanismos de desarme.
Cabe destacar que la ONU, con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme, trabajan para promover la eliminación de las armas nucleares, de destrucción masiva y la regulación de las armas convencionales para conseguir la paz y seguridad internacional.
Desarme en Latinoamérica
Latinoamérica ha jugado un papel fundamental en lo que a desarme se refiere ya que desde abril de 1969 entró en vigencia el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), que establece la desnuclearización del territorio, y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) se encarga del cumplimiento de este acuerdo.
El 7 de julio de 2017 los países miembros de la ONU firmaron el Tratado para Prohibir las Armas Nucleares (TPAN) en el que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) tuvo un fuerte impacto en el apoyo de esta iniciativa al igual que la Comunidad del Caribe (CARICOM), compuesta por 15 Estados, que a lo largo de este proceso fue esencial para incluir las obligaciones positivas (la asistencia a víctimas y la remediación ambiental) de este acuerdo.
Ecuador, Chile, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tobago destacan por estar a la vanguardia de la iniciativa humanitaria y el tratado de prohibición. Recientemente el «Premio Persona del Año» de Control Armas de 2018 le fue otorgado al grupo central de siete países que promovieron el TPAN, tres de los cuales (Brasil, Costa Rica y México) son latinoamericanos.
DesdeLaPlaza.com/ONU/KM