De acuerdo con el artículo 200 de la Constitución venezolana, los diputados electos a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación.
Es decir, no podrán ser juzgados ni procesados por delitos, a menos que medie un complejo procedimiento que implique un “antejuicio de mérito” por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un “allanamiento” (o levantamiento) de la inmunidad por la Asamblea Nacional.
En principio, si una persona no tiene una sentencia firme, puede ser candidato sin problema, aunque generalmente su posición oficial puede generar tensión en el electorado.
Existe un precedente venezolano en los años 1970, cuando David Nieves y Salom Meza, miembros de la Liga Socialista y acusados de participar en el secuestro de un empresario estadounidense, fueron liberados de inmediato al ser electos miembros del Congreso de Venezuela.
Sin embargo, en las pasadas parlamentarias del año 2010, los opositores Biaggio Pirieli (Yaracuy) y José Sánchez ‘Mazuco’ (Zulia) no fueron puestos en libertad aun siendo electos en sus respectivos circuitos.
Pirieli, que se encontraba en el retén de la policía estatal de Yaracuy, le fue ordenado arresto domiciliario y no pudo juramentarse como diputado sino hasta enero del 2011 cuando fue puesto en libertad, sin suspensión de su proceso, que pudo dirigirse a la Asamblea Nacional, donde fue juramentado.
‘Mazuco’ tampoco se pudo incorporar en su momento como diputado por un juicio por complicidad en un homicidio. Sin embargo, tres años después, asumió su curul tras un reconocimiento de sus credenciales por la directiva de la AN.
Para el experto constitucionalista Alberto Arteaga, si la postulación de ciudadanos con procesos abiertos es aceptada, (haciendo énfasis a un trabajo de la BBC en caso Pirieli Mazuco) como buena por la autoridad electoral, la entrega de la credencial de diputado tendría que ser suficiente para que se ordenara su excarcelación.
La postulación de “presos políticos” por parte de la oposición ha sido usado en diversos procesos electorales para conceder libertad a sus dirigentes. En las mismas parlamentarias del 2010, los ex comisarios de policía sentenciados por las muertes del golpe de abril de 2002, fueron anunciados como candidatos, sin embargo, no pudieron participar porque en el ínterin se les dictó sentencia definitivamente firme y perdieron sus derechos políticos.
DesdeLaPlaza.com/BBC/Wikipedia/El Universal/Nicolás Chaccal