Sin que dejen de sonar voces críticas continúa en todo el país el proceso de renovación de partidos políticos iniciado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 4 de marzo, en medio de un debate que gravita alrededor del impedimento que ahora se aplica al ejercicio de la doble militancia, práctica en la que históricamente partidos y liderazgos individuales garantizaban su participación en comicios.
Dicho proceso de validación corresponde a las organizaciones que no participaron en las últimas elecciones (6 de diciembre de 2015) o si lo hicieron no obtuvieron la votación mínima legal (1% de los votos en 12 entidades federales), entre ellas partidos opositores de larga trayectoria, como Acción Democrática y Copei, así como los más recientes Voluntad Popular, Avanzada Progresista y Primero Justicia.
Tanto los partidos PSUV como Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quedan exentos del proceso por recabar más del 1%, junto con Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y el partido Independientes por el Progreso (IPP), cuya formalización se hizo luego del 6D.
En las últimas tres semanas, en las que se cumplieron respectivamente tres jornadas de validación (4 y 5; 11 y 12; 18 y 19 de marzo), voceros de organizaciones partidistas, tanto opositoras como de apoyo al Gobierno, han cuestionado este proceso, unos advirtiendo “maniobras” en contra de la oposición, mientras que algunos pertenecientes al GPP lo reprueban aduciendo una presunta injerencia del ente electoral en la data de las militancias.
Mientras, se conoce que gran parte de las organizaciones opositoras “no tienen militantes”, pero son encabezadas por personajes con aspiraciones a ser electos como alcaldes y alcaldesas, como señaló en el segmento “Los Confidenciales” el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical José Vicente Hoy del 19 de marzo.
Por su parte, el Vicepresidente del PSUV para Anzoátegui y Miranda, Héctor Rodríguez, denunció que dirigentes opositores ya juegan “posición adelantada” respecto a candidaturas. Recientemente Voluntad Popular se anticipó a proponer una campaña para solicitar primarias con miras a los comicios regionales y municipales.
El grupo de organizaciones que se validan, el cual suma en total 59, también incluye al Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y Redes, que por su parte interpusieron un recurso de nulidad del artículo 25 de la ley para impugnar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia alegando que podrían quedar ilegalizados.
Antes y ahora
Entre los primeros elementos del debate es que la renovación se basa en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que ha regido la validación de los partidos en gran parte del período democrático desde 1965 hasta la fecha, con una leve reforma en 2012, y que establece la obligatoriedad de actualizar la nómina de militantes inscritos.
Consultado sobre este tema, el técnico electoral del PCV, Roso Grimau, explicó a Desde La Plaza que anteriormente la interpretación de dicha Ley no establecía limitaciones en torno de la doble militancia, puesto que en la llamada “cuarta república” lo que se aplicaba era una sencilla recolección de firmas.
“Por costumbre, la interpretación (de la ley) era una simple recolección de firmas, aunque la planilla decía que se firmaba como militante del partido, la persona solo estaba aportando su firma para permitir la renovación”, recordó y destacó que era una práctica común de los partidos de izquierda puesto que no alcanzaban la cuota del 1%. “Mucha gente, independientemente, no era militante, pero firmaba”.
Explicó Grimau que luego de la sentencia 878 emitida por el TSJ en enero de 2016 ―resultado de un libelo de interpretación introducido ante la Sala Constitucional en junio de 2015― la cual resuelve que en la renovación deben verificarse las nóminas de inscritos para evitar la doble militancia, es cuando cambia la interpretación de la norma, considerando sobre todo que “ni la Constitución, ni la ley hablan sobre eso”, dijo.
“El Partido Comunista lo prohíbe por sus estatutos, pero el resto de los partidos, creo que ninguno habla sobre la posibilidad de doble militancia, es más yo creo que eso fue una práctica muy difundida en la cuarta república, había gente que militaba en Acción Democrática y militaba en Copei. Esos son controles de cada partido”, agregó.
Por su parte otro de los entrevistados, el analista político y profesor, Alexis Toledo, señaló al respecto que desde el punto de vista legal cada militante debe estar definido en una respectiva organización política y considera que dicha validación no consiste en un “reconocimiento” o acto de fe por parte del electorado hacia la existencia o no de un partido.
“No es que la misma militancia del partido equis de la oposición registra un partido. Esa misma militancia la migran para otro, registra otro. Esa misma militancia la migran para otro y registra otro, entonces se registran varios partidos con una misma militancia. Eso no es correcto, esa es una estafa. Eso es lo que trata de disciplinar el Consejo Nacional Electoral”, señaló.
Toledo recordó que en la llamada “cuarta república” le tocó ser dirigente sindical en el magisterio y cada vez que se iban a realizar elecciones sindicales se revisaban las listas de afiliados y se renovaban con base en el último sindicato donde aparecieran registrados. En el mismo sentido explica lo que actualmente corrige el CNE: “Si usted se registra en éste partido y luego usted apareció registrado en otro partido, entonces usted será militante del nuevo partido y se le resta al anterior”.
Los partidos de oposición han acatado la norma sin dejar de promover la desconfianza contra el ente electoral. En un comunicado la MUD pidió a su militancia no firmar en más de una tolda política porque podría “afectar la validación de todos aquellos partidos que ya participaron en el proceso, que es lo que quisiera el régimen que ocurriera: que nos invalidemos entre nosotros mismos”.
Otro promotor de la desconfianza en el árbitro es el opositor Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), quien señaló a Unión Radio que el sistema de validación es “una excusa para sacar del juego a los partidos políticos” y “hacer elecciones sin partidos de oposición”; por su parte el dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, Aarón Rodríguez Moro, dijo a El Carabobeño que luego vendría un proceso de invalidación de firmas promovido por el Gobierno, sin embargo, las toldas PJ y VP lograron pasar el examen de validación al superar su expectativas, sobre la base del registro electoral del 6D de 2015.
Listas y confidencialidad
El Partido Comunista de Venezuela ha manifestado reiteradamente su desacuerdo con el procedimiento de renovación, especialmente en lo que respecta al tema de la confidencialidad de su lista de militantes, aunque el CNE anunció a través de su rectora, Tania D’ Amelio, no publicar ningún listado.
Días atrás el secretario general de este partido, Oscar Figuera, declaró a Tal Cual que desconfía que estos datos sean publicados por el CNE y sostuvo que las listas pueden ser empleadas con otros fines, tomando en cuenta que la ley “fue concebida para controlar, perseguir e inmiscuirse en la vida interna de los partidos”.
Este martes 21, el director del Tribunal Popular del PCV, Carlos Aquino, denunció un enlace de consulta publicado en la web del CNE en la que según él la identidad de la militancia quedaría expuesta al conocimiento de los patronos del sector público y privado, a riesgo de que los trabajadores sean sancionados.
Por su parte, Grimau explicó que el cuestionamiento esencial se hace respecto al procedimiento, puesto que el mismo “invierte la carga de la prueba”, es decir, que las y los militantes son los que van directamente a certificarse ante el ente el organismo electoral, cuando lo acostumbrado era que los partidos, como mediadores, suministraban las listas al ente y éste determinaba la validez de los electores.
Explicó el técnico electoral que bajo este esquema una persona que no haya cumplido con los procesos y estatutos del partido pudiera aparecer como militante y así en un supuesto negado hay riesgo de que muchas de esas personas, legalmente y en mayoría, se apropiarían de los símbolos y tarjeta del partido.
Respecto al tema de la confidencialidad de las listas, el profesor Alexis Toledo señaló que hay que verla en su contexto, porque era en la cuarta república cuando ciertamente “quienes militaban en los partidos clandestinos debían protegerse” y recordó cómo el PCV, siendo legítimo, fue ilegalizado por la democracia representativa.
“Tan legítimo que se alzó en armas y montó un frente guerrillero, desde el punto de vista de la aceptación del pueblo, pero no era legítimo desde el punto de vista de la legalidad porque era clandestino, lo ilegalizaron para perseguirlo”, recordó.
Sin embargo, en su opinión a veces ocurría que algunas organizaciones “en la clandestinidad escondíamos nuestra debilidad, de que no teníamos suficientes militantes como para justificar la existencia de un gran partido, pero nos vendíamos como un gran partido”.
Sostuvo Toledo que la polémica que presenta actualmente el proceso de validación “evidencia que estamos en un proceso de lucha de clases dentro de un proceso de expresión de lucha política” y que “esta revolución va avanzando y va profundizándose en cada momento que esté exigiendo más definición”.
En el concierto de voces se suman las posturas de Ilenia Medina (Patria Para Todos) quien recalcó que la tolda azul aún no ha decidido acudir al proceso de validación; asimismo, Juan Barreto (Redes) señaló en días pasados que la medida puede inhabilitar a todos los partidos.
Mientras tanto, la oposición, pide a su militancia acudir a la renovación como escenario de lucha, sin dejar de cuestionar el proceso señalando como dificultades la ubicación de los puntos de validación, los dos días del proceso y la supuesta limitación de máquinas biométricas, sin embargo, no se ha planteado acudir al TSJ.
Avanzada Progresista, Voluntad Popular y Primero Justicia manifestaron conformidad con los resultados de las tres primeras jornadas, a las que se sumarán siete más para un total de 10 fines de semana que culminarán a comienzos de mayo.
Los partidos que no sumen el 0.5% de firmas en 12 estados pasarán por un proceso administrativo para su cancelación.
DesdeLaPlaza.com/Pedro Ibáñez