El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, solicitó formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, a través de un informe para que investigue y capture al presidente venezolano Nicolás Maduro, por el ataque sistemático en contra de los colombianos que han sido deportados tras el cierre de la frontera.
El funcionario para fundamentar su petición envió en el documento de solicitud, los informes realizados por la ONU quienes visitaron la zona. En la comunicación se registra que 12 mil colombianos han sido deportados de manera forzosa por parte del Gobierno de Venezuela.
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De igual forma se pidió investigar y procesar al presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, a la canciller Delcy Rodríguez, al gobernador del Estado del Táchira, José Vielma Mora y dos generales de la Guardia Venezolana.
Por otra parte, el fiscal General, Eduardo Montealegre presentará en los próximos días una demanda en contra del presidente de Venezuela y su cúpula militar por los abusos y maltratos cometidos contra los colombianos que se encontraban en el vecino país.
En torno a este tema el jefe del ente investigador indicó en un diálogo al medio colombiano, Noticias Caracol, “Se han producido deportaciones masivas y discriminatorias afectando el núcleo familiar y los niños que estaban con sus padres en Venezuela y conductas de deportación y de desplazamiento forzado” y agregó que un equipo de la fiscalia se encuentra recabando las pruebas en Cúcuta para demostrar como han diseñado el ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana.
Montealegre además también afirmó que tras reunir las pruebas, irá personalmente hasta La Haya a presentar la demanda contra el mandatario venezolano y si ésta es aceptada, Maduro podría quedar expuesto a una orden de captura y a perder su inmunidad presidencial.
Los seis puntos clave de la demanda
1. Campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas se encuentran legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país. Existen denuncias de personas que afirman que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del Gobierno venezolano antes de ser expulsados de su territorio nacional.
2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. A los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente.
4. Se han denunciado casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. Así como tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.
5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en lugares determinados en territorio venezolano y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.
6. En lo que constituye una prueba de política de xenofobia, se marcan las casas donde habitan familias colombianas con el fin de que estas sean demolidas por las autoridades.
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