El día de ayer se celebró un nuevo encuentro entre gobierno y oposición en la llamada mesa de diálogo. Esta vez el tema de debate fue llegar a un acuerdo para consolidar la paz en el país. Como condición para continuar, la oposición ha colocado sobre la mesa la necesidad de generar una ley de amnistía y liberar a personas condenadas como Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henri Vivas, personas condenadas por los hechos de violencia del 11 de abril de 2002.
La respuesta del chavismo con respecto a la solicitud opositora ha sido rechazarla, por considerarla un acto de impunidad. De hecho, han sido invitados a las reuniones las víctimas y familiares de víctimas del 11A, quienes han tenido la oportunidad de expresar su posición al respecto. Edgar Márquez, miembro de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002, expresó que a las víctimas y familiares les parece «ofensivo, grosero y oportunista la solicitud de una ley de amnistía» y que no convalidarán ninguna acción que conlleve a la impunidad en el caso de sus familiares muertos y heridos durante el golpe de Estado de la derecha de ese año. Márquez a la salida de la reunión con representantes del Ejecutivo, dirigentes de la Mesa de la Unidad (MUD) y cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la sede de la Vicepresidencia en Caracas.
Derecho a manifestar y protección del orden público
Otro punto en el que se encuentran estancadas las discusiones, es el tema del cese de las protestas que se mantienen en forma de focos en algunas ciudades del país. El gobierno exige a quienes representan a la oposición en el diálogo el cese de la violencia callejera, en la que con regularidad derivan algunas protestas políticas opositoras. Este tipo de acciones logran mermar la sensación de orden público y caotizan la vida de las ciudades donde se generan.
La oposición responde a estas solicitudes hechas en la mesa de diálogo alegando que no tienen control sobre esas protestas, sin embargo exigen más garantías para protestar en libertad.
El día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia, dio su fallo con respecto a la interpretación del artículo 68 de la como es el caso de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, diciendo que:
Ante que cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo por parte de la respectiva autoridad, los cuerpos policiales podrán actuar, a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales, con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de la Constitución y el orden jurídico.
La decisión del TSJ ha traído la molestia de la oposición quienes consideran injusto tener que solicitar permiso a la autoridad para generar manifestaciones que incluyan cierre de vías o alguna perturbación al orden público y mantienen su postura en la mesa de diálogo de solicitar la amnistía para los que llaman presos políticos. Alegan que sin esa ley, no se podría llegar a ningún acuerdo.
Insisten en la ley de amnistía
Henry Ramos Allup, uno de los representantes de la oposición venezolana en la mesa de diálogo declaró: «Si no logramos amnistía, el diálogo se tranca. Todo diálogo es sumamente complicado y el gobierno debe entender la grave situación», alertó el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, quien fijó posición sobre la comisión de la verdad: «No la pueden presidir ni Diosdado Cabello ni Ramón Guillermo Aveledo».
El diálogo sigue planteado en términos de reuniones pero es posible que se este llegando a un momento de fricción inevitable, ya que ninguna de las partes tiene la intención de ceder terreno en sus conquistas políticas: la condena de los hechos que originaron el golpe de Estado de 2012 por el lado del chavismo y la presencia en la calle de manera activa por el lado de la oposición.
Desde La Plaza / AH