No había posibilidad de ninguna negociación ni acuerdo si los fondos buitre no accedían a pedirle al juez Thomas Griesa que suspendiera el bloqueo a los pagos de los bonos reestructurados y postergara la ejecución de su sentencia hasta fin de año. La negativa buitre para habilitar esa instancia de diálogo con Argentina sin poner en riesgo la reestructuración de la deuda aceptada por el 92,4 por ciento de los acreedores se repitió. El último encuentro en las oficinas del mediador Daniel Pollack entre Argentina y los representantes legales buitres finalizó sin resultados. “Tenemos que tener responsabilidad histórica, no podemos firmar cualquier cosa que pueda generar un incremento de la deuda y una tonelada de juicios. No vamos a contribuir a que eso suceda, sino que vamos a evitarlo con todas las armas”, advirtió el ministro de Economía, Axel Kicillof.
Tampoco lograron una definición las conversaciones con los buitres promocionadas en las últimas horas desde Adeba, la entidad que nuclea a los bancos argentinos de capitales nacionales. “No me extrañaría una solución entre privados. Hay muchos terceros con interés en remediar la situación”, indicó Kicillof. Sin embargo, desde el equipo económico desestimaron la viabilidad de la propuesta de esos empresarios, encabezados por el titular del Banco Macro, Jorge Brito. “Argentina sigue dispuesta a dialogar para consensuar una solución justa, equitativa, sustentable y legal para el ciento por ciento de sus acreedores. Pero que no nos fuercen a algo ilegal que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la economía”, afirmó el funcionario. La delegación argentina inició anoche el regreso a Buenos Aires.
El escenario es inédito en la historia del capitalismo. Si un 25 por ciento de los tenedores que tienen bonos Discount se reúne, podría intentar reclamar cobrar ya no los 539 millones de dólares bloqueados, sino todo el monto de intereses y capital de esos títulos. Aunque improbable, ya que las condiciones financieras de los bonos no justificarían esa decisión, no es imposible que suceda. En ese caso, que sería más plausible si no se logra pagar en tiempo y forma el vencimiento de los bonos Par en septiembre, los acreedores tampoco tendrían garantizado recibir los fondos, ya que el Gobierno los disputaría en los tribunales.
Desde la Plaza/Página 12/AMH