A la tercera va la vencida. O al menos esto pareciera haber sido el mensaje que transmitió la Mesa de la Unidad Democrática luego de confrontar por tercera vez al gobierno de Nicolás Maduro y haber alcanzado la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. De los 167 diputados electos, 112 pertenecen a la bancada opositora y 55 al oficialismo. Ambas toldas políticas deberán prestar juramento a su cargo el próximo 5 de Enero.
Desde ya, todos los sectores de la sociedad venezolana creen que el área económica será uno de los temas centrales sobre el cual el próximo parlamento deberá sesionar. “La guerra económica” ha sido la gran triunfadora en los pasados comicios del 6 de diciembre, según lo expresó el presidente Nicolás Maduro; lo que se traduce en que el giro 360° grados que se espera ocurra dentro del poder legislativo a partir del próximo 5 de enero, termine de solventar las grandes demandas que exige el país, porque más allá de la tolda política, debe crearse un espacio de entendimiento que permita el rumbo positivo de la economía y las finanzas públicas.
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¿Cuáles deberían ser las decisiones fundamentales que el próximo parlamento llevará a discusión, con lafinalidad de solventar las incógnitas que mantienen en vilo el bolsillo de la mayoría de los venezolanos? A priori, surgen diversas opiniones de los distintos sectores de la esfera social pero no todo es color rosa. La Asamblea Nacional tiene una funciones muy específicas, que se encuentran establecidas en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ende, dentro de las especulaciones que se han tejido por diferentes medios informativos acerca de las facultades del próximo parlamento, a efectos legales, el marco normativo es quién determina las atribuciones de la próxima Asamblea.
“Los hechos macro y microeconómicos deben estar alineados”
Para Vladimir Adrianza, analista internacional y experto en materia financiera “el marco jurídico que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional está por encima de cualquier intencionalidad política”. Consideró que el nuevo parlamento debe sesionar prestando especial énfasis al área económica, pero “el hecho de que un grupo de diputados sin haber sido investidos en los cargos correspondientes, desde ya intenten fraguar un acuerdo para derogar la LOTT aprobada en abril de 2012, luego de una extensa jornada de discusión y debate, constituye un error fundamental”.
Manifestó que la Asamblea Nacional no tiene facultades para dictar cambios estructurales en materia económica y que pese haber obtenido la mayoría parlamentaria, a su juicio se trata “de una mayoría cuestionable, debido a la situación económica e internacional que ha venido sufriendo el país en los últimos dos años”, pues lo refiere como una oferta engañosa que se le vendió a los electores que decidieron votar por esta propuesta electoral. Así mismo, señaló que la función del parlamento deberá ser legislar y en ningún momento tratar de generar discordias entre los poderes del Estado venezolano.
Desde su perspectiva, es necesario reimpulsar el aparato productivo nacional y en esa dirección deberá avanzar el próximo parlamento. Aunque manifiesta que Venezuela ha sufrido ataques externos en materia económica, reconoce que ha habido falta de decisión de los entes gubernamentales para combatir estos ataques. A su juicio, “si el gobierno quiere avanzar hacia el desarrollo de país, deberá alinear las variables macroeconómicas en función de la producción del país”.
Adrianza propuso un ajuste del precio de los combustibles, la creación de un balance que acabe con el contrabando de extracción, un estudio que permita modificar las paridades cambiarias “mientras no se trate de un ajuste caprichoso, sino que vaya en función de las necesidades productivas del país”, un retorno de las inversiones extranjeras y la modificación del ISLR. Así mismo, no descarta que un modelo de producción de alimentos “inclusive desde nuestros propios hogares” ayude al desarrollo de la economía.
“La economía y la política tienen una relación muy estrecha”
Para Alfredo García, economista y experto en modelos financieros, la economía y la política están unidas por un vínculo muy frágil “que en algunos casos resulta hasta pernicioso”. Argumentó que “vivimos un estado político muy delicado y en el momento en que la economía y la política intentan solaparse, comienzan los problemas”. Consideró que desde ambas visiones políticas deben respetarse los espacios económicos para que ella pueda fluir libremente pero sin excesos “un control férreo por parte del Estado; así como una ausencia del mismo, siempre termina por enturbiar la economía”.
Respecto al tema económico dentro de la Asamblea Nacional dejó claro que “si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es quien está diseñado para llevar a cabo las acciones concretas para que la economía tome una dirección, es el Poder Legislativo el que sienta las bases y normas legales que van a dar forma a las reformas económicas”. Cuestionó abiertamente que no se estén dando espacios para impulsar las políticas de sustitución de importaciones y que tanto la LOTT como la Ley de Precios Justos deben ser sometidas a revisión, para eliminar los efectos negativos que han traído a la economía “No debe caerse en los extremos, pero si es necesaria una revisión profunda de las políticas económicas, con reglas de juego claras”. Manifestó que es necesaria la creación de un mercado que genere confianza y que promueva el desarrollo e incremento de la competitividad dentro de los mercados no petroleros; todo esto “en búsqueda del equilibrio económico que es lo que está demandando el país, más allá de las ideologías políticas”.
Manifestó que el Estado debe dejar el miedo de seguir dilatando las políticas porque “al final esto termina entorpeciendo la economía, lo más sano sería avanzar hacia la unificación del tipo cambiario, porque a estas alturas del juego, es algo inevitable”.
“Todo es posible, pero siempre dentro de la Constitución”
Según Juan Carlos Salcedo, abogado y asesor en temas legales, en la Constitución están todos los marcos legales que definen las funciones del Poder Legislativo. “En el artículo 187 de la CRBV se expresan todas las funciones de la Asamblea Nacional, lo económico recae sobre el ejecutivo, no sobre lo legislativo”. Sin embargo, el parlamento debe promover leyes que impulsen el desarrollo productivo en materia económica y no que limiten su funcionamiento. Así mismo, cuestionó que se siga utilizando la figura de los créditos adicionales expresados en el numeral 7 del referido artículo para seguir financiando proyectos suntuosos “como los viáticos de los viajes del Presidente hacia el exterior”.
Respecto a los recientes rumores que circulan vía web acerca de una posible disolución del Poder Legislativo a través del Poder Ejecutivo, como lo estipula el numeral 21 del artículo 236, manifestó que “son casos muy específicos, como el expresado en el artículo 240 de la Carta Magna; es totalmente falso que el Ejecutivo puede disolver un órgano que es fiel expresión de la voluntad popular, de la noche a la mañana”.
Hizo énfasis en que no se debe tomar en cuenta a la Asamblea Nacional como una fuerza “todopoderosa” que va a irrumpir contra los demás poderes establecidos. “El parlamento tiene unas funciones muy claras y eso está expresado dentro del marco constitucional”.
DesdeLaPlaz.com / Emanuel Mosquera