El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, anticipó este lunes que, en la próxima Cumbre de Mercosur, en diciembre, solicitará que se aplique la cláusula democrática contra Venezuela por la “persecución” a los opositores y a “la libertad de expresión”.
Leer más: Mauricio Macri, nuevo presidente de Argentina
“Es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula porque las denuncias son claras, son contundentes, no son un invento”, dijo hoy el líder de Cambiemos en su primera rueda de prensa tras vencer al oficialista Daniel Scioli en las presidenciales celebradas el domingo en Argentina.
«Vamos a exigir la liberación de Leopoldo López, y si Maduro no acepta vamos a reunir a los países de Mercosur para pedir que se ejecute la cláusula democrática», expresó Macri en un encuentro con corresponsales extranjeros antes de las elecciones.
Recordemos que el pasado 7 de octubre el alto representante general del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, afirmó que la «cláusula democrática» del bloque no puede aplicarse para el caso de Leopoldo López, tal como lo planteó un candidato presidencial argentino.
«Yo creo que (Mauricio) Macri tiene que informarse un poco mejor porque la cláusula democrática se aplica cuando hay un golpe de Estado», dijo a Efe Fier, más conocido como Doctor Rosinha, quien realiza hoy una visita a Buenos Aires.
Mercosur esta integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela y su cláusula democrática prevé la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático.
«La cláusula democrática es aplicada cuando hay un golpe de Estado contra un Gobierno constitucional», explicó el alto representante general del Mercosur, quien recordó además que el protocolo se aplica por consenso de todos los socios del bloque y «no por la voluntad de uno solo» de los miembros.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscrito en 1998, marca «la plena vigencia de las instituciones democráticas» como «condición esencial para el desarrollo del proceso de integración».
Ese protocolo, denominado «Ushuaia I», estableció que «en caso de ruptura del orden democrático», los socios «promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado».
Si las consultas resultaran infructuosas, los demás socios «considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente».
Las medidas, que deberán ser adoptadas por consenso, «abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos».
«Ushuaia I» fue perfeccionado en 2011 mediante un nuevo protocolo, denominado «Ushuaia II», que establece la posibilidad de adoptar sanciones más severas, como cerrar total o parcialmente las fronteras terrestres y suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía y servicios.
El protocolo fue utilizado en 2012 para suspender temporalmente a Paraguay en su participación en el bloque luego de que el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo fuera destituido por el Congreso de su país sin un «debido proceso», según alegó entonces el resto de los socios del Mercosur.
DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM