Las situaciones tensas que se encuentran viviendo Venezuela y Colombia a causa del contrabando de productos han traído como consecuencia el cierre indefinido de la frontera que componen el estado Táchira y Cúcuta, capital del norte de Santander de la nación neogranadina.
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La frontera terrestre entre ambos países es una de más extensas (2.219 kilómetros) y la más poblada de América del Sur. El tránsito diario de lado a lado, a través de los pasos legales y las miles de trochas es sumamente agudo. Estos constantes movimientos han repercutido en el impulso a la ilegalidad, que se resume en su totalidad al contrabando.
Desde hace un tiempo, Venezuela ha regulado los precios de artículos esenciales para su consumo con la intención de satisfacer las necesidades básicas de los sectores más débiles. Esto, aunado al bajísimo costo de la gasolina del que disfrutan los venezolanos, que ha potenciado la creación de bandas criminales del vecino país que, en componenda con venezolanos sin escrúpulos y aprovechando los precios de regalo, han logrado penetrar al mercado criollo para adquirir a «módicos» precios los productos y poder hacer así negocios en Colombia con ellos, donde los precios de los productos tienen niveles realmente estratósfericos con respecto a los venezolanos, aún con la especulación de la que son víctimas los venezolanos en estos momentos.
Intentos lejanos
Los intentos por controlar la frontera por parte del Estado colombiano ha sido débiles, desde el año 2000, el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana creó la figura de las casas de cambio, doce estructuras consolidadas en Colombia que operan con una legislación establecida de la resolución 8. Esta decisión creó «profesionales» de compra y venta de divisas, llamados “cambistas”, que pueden comprar y vender moneda venezolana sin prácticamente límite ni regulación alguna y de manera cartelizada han logrado empobrecer a la moneda venezolana, colocando su precio a niveles irrisorios en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Para evitar la extracción continua de productos, la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobó un proyecto denominado Ley Anticontrabando, que tiene como propósito acabar con la importación ilegal de productos, esto con el fin de perseguir el contrabando de gasolina y alimentos que son sustraídos desde Venezuela y van a parar a la economía informal colombiana. Aún así las penas aplican a partir de cifras muy altas, por lo que del lado colombiano de la frontera llegar a ser un criminal del contrabando es muy difícil, así se viva de eso. La norma establece que serán castigados con máxima condena aquellas personas que posean mercancías por encima de 50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 32 millones de pesos. Una cifra exorbitante que al parecer difícilmente se puede trasladar en un solo viaje.
Cifras que van y vienen
A raíz de de estas tasas, innumerables grupos mafiosos se han prestado para lucrarse de forma sustancial con los diferentes tipos de cambios que ejerce Venezuela. Sin embargo, el efectivo de calle mantiene un dinamismo distinto que prácticamente ha acabado con su valor. Especialmente el llamado «cambiazo» que es la compra de billetes venezolanos por el valor de 130 o 140 Bolívares para ser utilizados en la compra de productos venezolanos para el contrabando y venta en Colombia.
Una pequeña mirada muestra las diferencias abismales que existen entre un gobierno asistencialista que intenta brindarle al pueblo pobre acceso permanente a los productos y servicios básicos, como el que se ha establecido en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, y por el otro lado, en Colombia un pueblo olvidado por sus gobiernos centrales al borde de la frontera con Venezuela y a merced de la ley de oferta y demanda, incluso para los servicios más escenciales.
DesdeLaPlaza.com/ FM