La Fiscalía está siguiendo con suma atención los prolegómenos del 9N, pero sólo actuará si hay graves incumplimientos de la orden que este martes dará el Tribunal Constitucional (TC) para detener los preparativos de la consulta alternativa. En el fondo, las instituciones del Estado están deseando que pase esa hoja del calendario y al día siguiente pueda decirse que ni se ha celebrado el referéndum, porque lo consideran ilegal, ni se han producido más consecuencias importantes del desencuentro entre el Gobierno y la Generalitat.
En el seno de las instituciones del Estado hay un acuerdo tácito para no tensar la cuerda más de lo necesario, aunque con una línea roja. Ese límite es el que se deriva de las decisiones del Constitucional para que en Catalunya no tenga lugar un referéndum encubierto. Y no habrá una reacción fuerte si la Generalitat se abstiene de participar en los preparativos del 9N, aunque alguno siga, siempre que no sea en manos institucionales.
En medios del TC se subraya en este sentido que si la primera orden de paralización ya fue para detener una consulta que el Gobierno y el Consejo de Estado consideraron abiertamente contraria a la Constitución -y venía precedida de la aprobación de una ley por el Parlament-, menos se va a autorizar ahora una convocatoria que aún tiene menor representatividad de procedencia. En los referidos ámbitos institucionales la idea de una consulta alternativa organizada por voluntarios y sin una convocatoria institucional siempre ha olido a cuerno quemado.
Desde la Plaza/La Vanguardia/AMH