El Instituto Nacional de Tierras (INTI) ordenó la entrega de 113 hectáreas de tierras pertenecientes al Estado a cuatro compañías privadas que se atribuyen la titularidad de las mismas en lo que parecer ser una estafa continuada cuyos inicios se remonta al año 1974.
Así lo reseña la tabla en su portal web, asegurando que el enorme predio, que forma parte de un área mayor que suma una extensión total de 243 hectáreas, está ubicado en la parroquia Juan Pablo Peñaloza del municipio Uribante del Estado Táchira, es conocido como Valle Plateado.
La denuncia de los hechos la viene haciendo el abogado Abdón Urbina Méndez, asesor legal de un conjunto de pequeños productores agrícolas, quienes desde 1997 vienen cultivando las tierras, están organizados en una cooperativa familiar y hasta el 9 de marzo estuvieron amparados por un Título de Garantía de Permanencia Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario que fue revocado por el directorio del INTI con la instrucción de devolver las tierras a quienes aducen tener los títulos de propiedad.
Inicialmente el grupo constituido por la familia Basto Suárez (padre e hijos) trabajó el lote bajo la modalidad de tercerización, es decir, pagando un porcentaje al presunto propietario, de nombre Alfredo Alvárez Gallardo.
En el año 2000 el predio fue vendido al señor José Avelino Marquina, un acaudalado productor agrícola del estado Mérida, con quien la familia Basto mantuvo el modelo de trabajo. Sin embargo con el paso del tiempo se registraron desacuerdos que precipitaron situaciones de perturbación a la actividad productiva.
Por tal motivo el grupo tramitó ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) el ya mencionado título de garantía de permanencia el cual les fue otorgado el 29 de octubre de 2008 a nombre de la Asociación Cooperativa de Usos Múltiples Valle Plateado, en la Sesión ORD 205-08 del Directorio.
Desde ese momento Marquina intentó que el título agrario fuera revocado y así recuperar todo el predio, el cual había adquirido a traves de la compra de varias compañías mercantiles.
Sin embargo los hermanos Basto Suárez mantenían su actividad agrícola con elevados niveles de productividad lo que les permitía asegurar su derecho a trabajar las tierras.
Pero en el año 2016 la situación dio un giro cuando se presentó al lugar un hombre que, aunque había nacido en el municipio, se crió en los llanos, luego de que su padre se lo llevara a Socopó (estado Barinas), a la edad de 15 años, según el relato del abogado Urbina.
Se trata de Otilio Peñaloza Moreno, actualmente de 59 años, quien ha venido apoyando a los Marquina en su reclamo de devolución de la tierra para lo cual ha utilizado una ostentosa riqueza y una presunta amistad con importantes dirigentes nacionales del chavismo y de compadrazgo con el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, cocomplemento el jurista.
El hecho fue que tras una inspección realizada el 13 de enero de este año, apenas transcurrieron 54 días para que la solicitud de revocar el título de garantía de permanencia fuera aprobada por el directorio del órgano administrador de las tierras de uso agrícola.
En virtud de que el predio se encontraba plenamente productivo y los pocos espacios que no estaban cultivados ya habían sido preparados para la siembra, el argumento usado fue que en el lugar había productores que no formaban parte de la cooperativa y que el trabajo no se hacía en forma colectiva. Por lo tanto, se presumía que había trabajo tercerizado.
Al respecto Urbina descalifica el informe pues ninguno de los supuestos agricultores tercerizados fue entrevistado y efectivamente ninguno está plenamente identificado en el expediente. Faltan todos los números de cédula de identidad.
Mientras que con respecto al trabajo individual precisa que hay servicios y actividades compartidas y que esa fue la forma de organización de la producción que ellos escogieron o lograron desarrollar.
Sin embargo lo más llamativo es que el propio documento de la revocatoria puso al descubierto una grave anomalía que evidentemente revela un fraude contra la Nación que se ha prolongado por más de 40 años: las tierras no son privadas sino que son propiedad del INTI.
Resulta que, según el punto 4.7. De la revocatoria, referido a la tenencia de la tierra, la hacienda Valle Plateado comenzó a ser propiedad del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) según Resolución de la Junta Administrativa del Banco Agrícola y Precuario, mediante Oficio N° 436 de fecha 20 de julio de 1974. Ese y otros predios en condiciones similares fueron transferidos al patrimonio del INTI de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitorio Segunda de la vigente Ley de Tierras.
Asimismo el decreto presidencial 706 del 14 de enero de 1975 (Gaceta Oficial 30.602 del 20/01/1975) establece que se trata de tierras de Origen Público.
De acuerdo con la explicación del experto legal Abdón Urbina, la resolución del Banco Agrícola y Pecuario debió haber sido llevada al registro inmobiliario del municipio Uribante por el delegado agrario con fin de establecer fehacientemente que la titularidad es del IAN y así detener la tradición de propiedad privada. Sin embargo eso no se hizo, lo que permitió que continuaran las ventas con la consiguiente lesión al patrimonio público.
La pesquisa en el registro inmobiliaria ha revelado que en 1984 el predio fue comprado por Rommel Omar Urdaneta Leal, quien a su vez le vendió cuatro años después a Alfredo Alvárez Gallardo y este a José Avelino Marquina, con lo que se fue prolongado el fraude a la Nación.
Contradictoriamente la decisión del Directorio del INTI del 9 de marzo pasado, en lugar de reivindicar la propiedad de la tierra y ordenar lo conducente para recuperar la hacienda, optó por ordenar (el término usado es “instar”) a la Oficina Regional de Tierras del estado Táchira (ORT) sustanciar el procedimiento administrativo de regularización de la tenencia de la tierra a favor de la abogada Elsy Yasmine Daza Colina, representante legal de las sociedades mercantiles Agroindustrial Valle Alto, Agropecuaria 113, Ganadería Valle Plateado y Agropecuaria LADALIA.
También se insta a la ORT de Táchira a sustanciar el procedimiento de Certificación de Finca Mejorable, lo cual ampara la tierra de cualquier medida que plantee su declaratoria como ociosa o de uso no conforme.
DesdeLaPlaza.com/La Tabla