El 24 de abril de 2013 Bolivia ejerció su primera acción jurídica sobre Chile en la Haya para exigir la negociación de una salida soberana al mar, tras 135 años del conflicto que le arrebató 400 kilómetros de su litoral.
En septiembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un comunicado señalando que ese órgano tiene competencia para, atender la solicitud de Bolivia, sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá.
La demanda de Bolivia se ampara en el “Acuerdo de Charaña” que fue firmado en la estación ferroviaria de Charaña en Bolivia el 8 de febrero de 1975, entre los generales Hugo Banzer y Augusto Pinochet y suponía el fin de la ruptura de las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas en el año 1962.
Para ese entonces, el Gobierno chileno ofreció solucionar el asunto de la “Mediterraneidad de Bolivia” mediante un canje territorial accediendo una franja de terreno ariqueño. Sin embargo fue objetado por Perú quebrantando las relaciones entre Bolivia y Chile en 1978.
Por otro lado, la defensa chilena mantiene que dichos ofrecimientos no llegaron en un acuerdo entre las dos partes por lo no existe derecho alguno y la situación marítima de Bolivia se mantiene con el Tratado de 1904.
¿Qué viene para ambos países?
La presidente de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que «Chile no tiene temas de límites pendientes con Bolivia» «Este fallo no afecta en nada a nuestra situación territorial, Bolivia no gana nada», dijo.
La mandataria se mostró confiada en que Chile “dejara en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones, como la falta de fundamento” de la que, a su juicio carece la demanda boliviana.
Evo Morales, por su parte, afirmó que buscará un diálogo sobre la demanda marítima que consiga la satisfacción de los mutuos intereses de los pueblos.
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