Tras la decisión que tomó la Cámara de Diputados de Brasil, este 2 de diciembre, donde su presidente, Eduardo Cunha, autorizó, abrir un juicio político («Impeachment» en idioma brasileño), a la presidenta Dilma Rousseff, con fines de destitución por considerar procedente una acusación por presuntas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Con la apertura de este proceso a la mandataria le espera un extenso trámite, tanto político como jurídico; y de llegarse a encontrar culpable de los cargos que le imputen, Rousseff deberá abandonar el cargo en 180 día.
Sin embargo, la apertura de dicho juicio necesitará ser analizada bajo una comisión compuesta por diputados de todos los partidos representados en la Cámara. De ser aprobado la acción jurídica por la mencionada comisión pasará a ser tratado en el recinto.
Si el voto positivo es mayor a los dos tercios de los parlamentarios el Juicio Político será concluyente para ser aprobado.
Inicio del proceso
El periodista brasileño Beto Almeida, en entrevista exclusiva para teleSUR, explicó que el proceso se inicia porque la oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de haber «maquillado» la cuentas públicas de 2014 y 2015 y de haber «cargado» a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).
Quiénes apoyan el juicio
Almeida indicó que quienes apoyan el juicio político “impeachment” afirman que las prácticas constituyen un «crimen de responsabilidad» por parte de la presidenta y representa uno de los motivos de destitución consagrados en el artículo 85 de la Constitución brasileña, por violación de la Ley de Finanzas públicas.
Asimismo, señaló que el juicio político fue abierto a petición de prominentes abogados y miembros de la oposición, entre ellos, Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT); y cuya solicitud fue aprobada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien anunció su decisión y aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación.
Cunha había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley.
Tras la petición
Ahora bien, según el reportero lo que sigue tras la petición es un juicio en contra de la presidenta que debe ser aprobado por la mayoría de votos de los parlamentarios (342), proceso que puede demorar un tiempo. Si tiene una mayoría de 342 dentro de los 513 podría perder el mandato. Y es el Senado quien tiene la última palabra: 54 de los 81 senadores deben apoyar la petición.
Posible destitución
En cuanto a una posible destitución se necesita de un delito preciso que pueda imputarse directamente a la presidenta, situación que hasta el momento no está clara. «Esto no significa que Dilma deje sus funciones ahora, significa que el congreso ha dicho que ella puede ser procesada. Si fuera aprobado debe tener la mayoría en el congreso (342), eso va a demorar algún tiempo», concluyó Almeida.
A continuación, les mostramos una infografía sobre el proceso (cortesia de TeleSur).
DesdeLaPLaza.com/Telesur/WG