Un integrante del Comando Hugo Chávez en España, se encuentra privado de libertad por impedir la agresión de una manifestante, así lo denunció Elisa Escamez, miembro de la organización, quien fustiga a la recién aprobada Ley Mordaza por violar los DDHH.
“Ahora mismo un joven venezolano perteneciente al Comando Hugo Chávez está preso en Valencia, por haber ayudado a una chica a que no fuera golpeada por funcionarios españoles. No se de qué derechos humanos habla el Gobierno español, cuando ellos están amedrentando al pueblo”, dijo Escamez a la Radio del Sur.
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Agregó que la recién aprobada Ley Mordaza ya dejó sus primeras víctimas. “Hay varios ciudadanos que ya han sido sancionados por publicar mensajes en las redes sociales y manifestar públicamente. Tal es el caso del joven Eduardo Díaz Coello, de 27 años, debido a su comentario en Facebook constituyó una infracción, estipulada en la legislación, de 100 a 600 euros”.
Díaz Coello, habitante del municipio Canario de Güimar, representa la primera persona sancionada con este instrumento, acción que ha sido repudiada por la mayoría de los españoles.
Escamez explicó que el Gobierno español no puede hablar de Venezuela en materia de derechos humanos, cuando la misma Organización de Naciones Unidas reprobó a España en examen de DDHH.
“La Ley Mordaza viola los DDHH del pueblo. Cómo hablan de censura en Venezuela si insultan al presidente de República, Nicolás Maduro y lo hacían con el comandante Hugo Chávez”, manifestó.
Igualmente, aseguró que el pueblo español está siendo silenciado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La activista social venezolana, indicó que la ciudadanía siente terror ante esta medida represiva. “Si no cumples con el pago de tus sanciones te congelan tus cuentas. Tengo miedo de decir lo que está pasando en España, ya que me puede llegar una multa a mi casa”.
Alertó que como consecuencia de la legislación en suelo español ha comenzado la agresión contra los latinoamericanos.
La Ley Mordaza, propuesta por la organización de derecha Partido Popular, liderado por el presidente Mariano Rajoy, es rechazada por el pueblo español debido a que fue creada con el objetivo de impedir las manifestaciones públicas y la intervención de las comunidades organizadas y activistas en los desahucios que han dejado a más de 400.000 familias españolas sin hogar desde que comenzó la crisis económica provocada por los bancos en 2008.
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