Con la notificación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá del levantamiento del fuero electoral a Ricardo Martinelli, da inicio el proceso penal contra el expresidente de ese país.
Una fuente del Tribunal Electoral confirmó que la decisión se le hará llegar a los abogados de Martinelli y a la CSJ, en tanto el pasado lunes fue rechazada la reconsideración interpuesta por la defensa.
A partir de este hecho, el magistrado fiscal Oydén Ortega tendrá dos meses para la investigación sumarial del caso, el cual vincula al exmandatario con posibles contratos para la compra de comida deshidratada por un monto de 44,9 millones de dólares a través del Programa Nacional de Ayuda (PAN).
El expediente incluye la declaración indagatoria del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que la licitación de los productos fue una fachada, ya que Martinelli dio la orden para que el contrato fuese adjudicado a la empresa Lerkshore International Limited.
La Ley 55 de 2012 establece que para aceptar una denuncia contra un diputado -es el caso de Martinelli como miembro del Parlamento Centroamericano– debe aportarse la «prueba idónea del hecho punible», y fijar en dos meses el plazo máximo de cara a una investigación sumarial.
El 20 de enero último, el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, presentó un proyecto de ley para eliminar el blindaje a los diputados, iniciativa que no ha encontrado eco en la comisión de Gobierno.
Al respecto, el presidente de dicho grupo, Pedro Miguel González, reconoció que no hay consenso para aprobar la ley en este período de sesiones, que culminará el 30 del presente mes.
Sidney Sittón, del equipo de abogados de Martinelli, declaró que el expresidente no tiene previsto regresar al país, independientemente de que no tiene nada que temer, pues hasta la fecha no hay ninguna imputación.
Alegó que el equipo legal está listo para hacer frente a cualquier proceso, el cual tiene un claro fondo político que dejarán al descubierto.
De igual forma, trascendió que el hermano del exgobernante, Mario Martinelli, actualmente investigado por irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de bolsas de granos con sobrecostos, se niega a pagar la fianza de excarcelación fijada en dos millones de dólares.
A la apelación de esta cuota para no ser detenido por el caso del PAN, se suma la medida cautelar de prohibición de salida del país que le impuso la Fiscalía Anticorrupción.
La fiscal Tania Sterling lo acusa por la supuesta comisión de los delitos de peculado, estafa y corrupción, en un proceso donde hay involucradas otras 53 personas.
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