El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha denunciado la grave situación que vive México en este sentido y la «impunidad» que rodea las desapariciones, tal y como ha quedado patente en el caso Iguala. El Gobierno mexicano no proporciona cifras de la desapariciones, lo que impide calcular la dimensión de esta tragedia, según el Comité, que recomienda crear una unidad fiscal para investigar todos los casos.
Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, denuncia el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, informa Efe. El Comité divulgó el viernes su informe sobre la situación en México.
«El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que afronta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas», concluye el informe. «¿Cuántas desapariciones forzadas hay?: No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas», comentó Rainer Huhle, miembro del Comité.
Una de las principales conclusiones incide en la impunidad que rodea el fenómeno, ya que el problema de las desapariciones forzadas ha tenido lugar durante años y el «Estado no ha hecho suficiente para resolverlo”. «Hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y de solo seis personas condenadas», resaltó Huhle, agregando que el «Estado no debería buscar excusas y debería implementar de inmediato todas nuestras recomendaciones«.
Las tres recomendaciones principales del Comité son las siguientes:
Empezar un registro nacional sobre desapariciones forzadas, aumentar los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes.
Cambiar la situación actual donde existen «serias dificultades en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Identificación de restos», ya que, entre otras cosas, «la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
México debe responder a dichas recomendaciones en el transcurso de un año, mientras que para responder a otras recomendaciones dispone de 3 años. Para llevar a la práctica dichas recomendaciones el Comité sugiere a México crear una «unidad fiscal especializada para investigar desapariciones forzadas».
DesdeLaPlaza.com/RT/MB