«Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos». Porfirio Díaz no pudo describir de mejor forma la realidad que se agravaría con el pasar del tiempo en su país. En opinión de diversos expertos en el área de seguridad, México se ha convertido en un paraíso para el narcotráfico y sus nefastas consecuencias: La reedición de una Colombia paramilitar. Pero con la ventaja estratégica de estar ubicada a un paso del principal consumidor de drogas del planeta, el gigante del norte.
Las niñas en México son secuestradas, prostituidas y asesinadas (crimen conocido como feminicidio). La ciudadanía que se organiza para la defensa de sus pueblos está en la mira de los organismos de seguridad del Estado (no lo narcos).
El pueblo ha identificado a los que deberían garantizar su seguridad como parapolicías.
Recientemente fue puesto tras las rejas el médico cirujano, José Manuel Mireles, el que fuera líder moral y portavoz de las Autodefensas de Michoacán (movimiento de civiles armados contra el crimen organizado al oeste de este país. Un movimiento absolutamente diferente a las criminales Autodefensas Unidas de Uribe en Colombia).
Es decir:
-En México se conforman grupos paramilitares para aterrorizar a la población,
-Y se crean organizaciones de autodefensa de los pueblos para encarar a los criminales ante la ausencia del Estado. Estado que, además reprime a la población civil.
-¿Podríamos estar hablando de una guerra civil? Las decapitaciones de la mafia y su exhibición como advertencia, nos dicen de una sociedad minada por la violencia y su sangre.
Denuncia=muerte
La noticia del secuestro y asesinato de una mujer que denunciara, a través de las redes sociales, a los carteles del narco en Tamaulipas, se produjo en el momento en el que el pueblo mexicano llora la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
Esta no pretende ser una enumeración de sus desgracias. Porque en México, al parecer, el horror del momento borra mediáticamente al que acaba de ocurrir y así sucesivamente.
“México se ha convertido en una fosa común”(1), escribe el politólogo Genaro Lozano. La esperanza de hallar a los normalistas va y viene. Al descubrir las 18 fosas comunes recientes se creyó que en ellas “reposaban” los cuerpos de 28 de los estudiantes, pero no fue así.
Ahora, el golpeado (y golpeador) gobierno de Enrique Peña Nieto “ofrece una recompensa de 1.5 millones de pesos (cerca de $111 mil dólares) por información que ayude a localizar a cada uno de los jóvenes, lo que suma 64.5 millones de pesos (más de 4.7 millones de dólares)”(2).
¿Quién, que no sean los narcos, puede ofrecer esa información a las autoridades?
Estudiantes desaparecidos
Hace casi un mes, exactamente 27 días, que los 43 estudiantes de entre 18 y 23 años de edad, de la Escuela Normal para maestros Rural de Ayotzinapa ubicada en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio Iguala el pasado 26 de septiembre, noche en la que también murieron seis personas y resultaron heridas otras 25.
Desde entonces tampoco se conoce el paradero del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuerpos de seguridad del Estado que tomaron los doce municipios de Guerrero advierten que fueron los policías de Iguala quienes entregaron a los estudiantes al Cártel de Guerreros Unidos, dedicados al secuestro y la extorsión(3).
¿Dónde termina la policía y comienza el cártel?
Los policías de Iguala no actuarían solos. Policías de Cocula (el municipio vecino) junto a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos arremeterían contra el grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Los alumnos habían llegado a la ciudad con la finalidad de recoger fondos para el movimiento estudiantil de la institución.
Los estudiantes, supuestamente pretendieron llevarse tres autobuses de la ciudad, lo que (versión policial) habría originado la persecución y el ataque de los uniformados, quienes –además- dispararon contra un autobús donde se movilizaban jugadores del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones. Por esta acción murieron el chofer y un futbolista de 14 años(4).
Tras los hechos, fueron detenidos y serán imputados 14 efectivos de la policía municipal de Cocula, quienes reconocieron haber participado en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Además, están detenidas 46 personas: 22 policías del municipio de Iguala, 14 del ayuntamiento de Cocula y 17 mafiosos del cartel de los Guerreros Unidos, dijo el Procurador General de México, Jesús Murillo.
También fue capturado el líder de este cártel, que –supuestamente- secuestraría a los estudiantes, Sidronio Casarrubias. Antes se suicidaron dos de los miembros líderes de la banda ante su captura.
Igualmente, el Ministerio Público emitió orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, y el jefe de la policía municipal de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez.
La operación de búsqueda de los estudiantes desaparecidos se ha extendido a otros seis municipios y son quince en total los municipios intervenidos. Sin embargo, para el experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva «el secuestro es posible, pero mientras más tiempo pase, las expectativas de que se encuentren con vida van disminuyendo».
Un grupo de maestros y de autodefensas populares bloquearon el municipio mexicano de Tixtla para exigir que aparezcan con vida los 43 estudiantes, esto es sólo la antesala de una marcha nacional convocada para este 22 de octubre en las principales ciudades de ese país, e incluso del mundo.
A pesar de ello, México grita: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
DesdeLaPlaza / Ernesto J. Navarro
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(1) En Reforma
(2) En Univisión
(3) En México
(4) En El Tiempo