Desde el pasado viernes, un día después de que Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina, firmó 29 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ante la difícil tarea de aprobar leyes con una minoría en las dos cámaras del Parlamento, el que «no estén previstas las sesiones extraordinarias para el Congreso», será la vía para ganar terreno político e intentar negociar qué proyectos tendrían aceptación en las distintas fuerzas políticas.
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El inicio de un Gobierno por decreto como el de Macri comenzó a generar diatribas dentro de la oposición. Aún cuando el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, saludó los DNU de los próximos tres meses, el representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Jorge Altamira, declaró que “vamos a tener 100 días de gobierno por decreto”, en los que “se van a tomar medidas para tomar más deuda y eliminar retenciones”. Al contrario, “tiene que llamar a sesiones y no aplicar DNU”.
Altamira dijo que “es inconstitucional tomar deuda sin pasar por el Congreso”.
¿Qué decretos firmó?
Entre los 29 DNU firmados por Macri figura el cambio de nombre de varios ministerios, transferencias de competencias y creación de nuevos ministerios que absorberán funciones de actuales secretarías.
El recién electo presidente afirmó que «la urgencia en la adopción de las presentes medidas, para el inmediato inicio de la nueva gestión gubernamental, hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», por lo cual las reformas fueron impulsadas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
A través del Boletín Oficial, y bajo la excusa de una “reorganización ministerial para tornar más eficiente la gestión pública”, creó el ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el de Producción y el de Energía y Minería, Modernización. Se volvió a separar la cartera de Transporte de la de Interior que a la vez concentrará las áreas de Obras Públicas y Vivienda.
Por medio del decreto 13/2015 concerniente a la Ley de Ministerios, el mandatario suramericano determinó que “el jefe de Gabinete de ministros y veinte ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación”.
En ese orden, estableció que «los ministerios serán los siguientes: Del Interior, Obras Públicas y Vivienda, De Relaciones Exteriores y Culto, De Defensa, De Hacienda y Finanzas Públicas. De Producción, De Agroindustria, De Turismo, De Transporte, De Justicia y Derechos Humanos, De Seguridad, De Trabajo, Empleo y Seguridad Social; De Desarrollo Social, De Salud, De Educación y Deportes, De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; De Cultura, De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; De Modernización, De Energía y Minería, y De Comunicaciones».
En ese mismo decreto, el presidente electo dictaminó que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(Aftic) migran al área del ministerio de Comunicaciones, liderado por el radical Oscar Aguad, en el contexto para reformar el organismo y desplazar del cargo a su titular, Martín Sabbatella.
En el caso de esos dos organismos descentralizados, que hasta ahora funcionaban de manera autárquicos y estaban subordinados a la Presidencia de la Nación, el nuevo Gobierno argumenta que debido a «la creciente complejidad, volumen y diversidad de las tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación», a través de la Ley de Medios, que Macri planteó modificar; estableció la conformación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para a su vez crear la Secretaría de Coordinación Interministerial, la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y la Unidad Plan Belgrano.
La creciente burocracia ministerial de Macri lo llevó a designar a través de decretos a un total de 27 funcionarios ya juramentados.
Se trata del Jefe de Gabinete; Marcos Peña, el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda; Rogelio Frigerio, Relaciones Exteriores y Culto; Julio Martínez, Hacienda y Finanzas; Prat Gay, Producción; Francisco Cabrera, Agroindustria; Ricardo Buriyaile, Turismo; Gustavo Santos, Transporte; Guillermo Dietrich, Justicia y Derechos Humanos; Germán Garavano, Seguridad; Patricia Bullrich, Trabajo; Jorge Triaca, Desarrollo Social; Carolina Stanley, Salud; Jorge Lemus, Educación y Deportes; Esteban Bullrich, Ciencia y Tecnología; Lino Barañao, Cultura; Pablo Avelluto, Ambiente y Desarrollo Sustentable; Sergio Bergman, Energía y Minería; Juan José Aranguren y Comunicaciones; Oscar Aguad.
Los nuevos secretarios: General de la Presidencia; Fernando De Andreis, Legal y Técnica; Pablo Clusellas.
En ese orden, otros cuatro secretarios que dependen directamente de la Jefatura de Gabinete tienen cargos de ministros: Medios Públicos, Hernán Lombardi; Plan Belgrano, José Cano; Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria, Mario Quintana; y Políticas Públicas, Gustavo Lopotegui.
Retrocesos en el sector educativo
Analistas y expertos de la política argentina alertaron que el presidente Mauricio Macri podría retroceder a la educación de la década del 90 en comparación con los avances educativos de los últimos 12 años de Gobierno Kichnerista, reseñó políticaargentina.com.
De aprobarse por el Congreso la inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, se reducirá del seis al tres por ciento, se restablece el Polimodal y se eliminan las paritarias y las escuelas técnicas.
De acuerdo con la opinión del sitio web, con el decreto 13/2015 se busca retomar las normas del menemismo como el Pacto Federal Educativo y la Ley Federal de Educación.
El ministro de la nueva cartera ministerial, Esteban Bullrich, luego de reunirse con los gremios respectivos reconoció que “fue un error” este decreto, por lo que se comprometió a rever la norma con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
En la nota indicaron que Bullrich prometió volver a convocar a los representantes del gremio educativo, quienes además alertaron que será el primer punto a discutir en la reunión. De lo contrario, afirmaron que recurrirán a la Justicia y movilizarán a la comunidad educativa.
«Si se ratifica quedan derogadas las leyes Nacional Educación, Financiamiento y Educación Técnica y se vuelve al Pacto Federal y a la Ley Federal de Educación con un EGB de nueve años, un Polimodal de tres años, con la mitad del presupuesto educativo y se sacan las escuelas técnicas y las paritarias», explicó a El Destape el secretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Eduardo López.
En el «artículo 23 quáter» del DNU, Macri estableció que la cartera de Bullrich deberá «entender en la definición de los objetivos de la política educativa concertados en el seno del Consejo Federal de Educación y dentro del marco de los principios establecidos en las leyes 24.195 (Ley Federal de Educación), 24.521 (Ley de Educación Superior) y 24.856 (Pacto Federal Educativo)».
El sitio argentino advirtió que para evitar esas consecuencias, el DNU debe modificarse porque el Congreso se aprueba o se rechaza, por lo que no se puede ratificar o rectificar parcialmente.
El artículo 23 del Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 reza que:
“Compete al Ministerio de Educación Y Deportes asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la Educación, de conformidad a lo establecido por las Leyes Nros. 24.195, 24.521, el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856) y a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en consecuencia, y al Deporte…”
Las leyes actuales que rigen el sistema educativo de Argentina son la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo. En tanto, Políticaargentina.com analizó que «error» admitido por Bullrich es que el decreto cita como basamento legal eduacativo para el NDU a tres leyer no vigentes:
La ley 24.195 (Ley Federal de Educación): Esta norma fue sancionada durante el menemismo y fue derogada explícitamente por el artículo 132 de la Ley 26.062 -ley de Educación Nacional vigente-, que diagramó la nueva estructura del sistema educativo, determinando la extensión de la obligatoriedad escolar y las responsabilidades y obligaciones del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ley 24.521 (Ley de Educación Superior), modificada explícitamente por el artículo 133º de la 26.206 (La ley de Educación Nacional vigente).
La ley 24.856: Esta refiere al controvertido Pacto Federal Educativo, firmado en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem que legitimó la transferencia de las escuelas a las provincias sin recursos. Esta norma ya no rige y fue suplantada en diciembre de 2005 por la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), que estableció una nueva coordinación de la inversión educativa de manera de alcanzar la meta del 6 por ciento del PBI en cinco años.
El decreto también se apunta “a las demás leyes vigentes…”. Esas “demás leyes vigentes” a las que refiere son las mismas que regulan el sistema educativo argentino actual, lo que genera una contradicción, derogan o superan las primeras citadas. Sin embargo, el DNU no tiene el poder de retrotraer la normativa educativa a aquella de los ’90, por lo que las leyes del kirchnerismo gozan de plena vigencia. El error está en la redacción, india el sitio web.
Para el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, el hecho de basarse en leyes que no están vigentes, «es un desastre» y que «llama mucho la atención», aunque el ministro de Educación Esteban Bullrich ha reconocido que se trató de «un grave error».
Contrario a esa acción «podrían haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso tranquilamente y lo hicieron por decreto. Ellos hablan de consenso, y el Congreso también es un ámbito de consenso, pero lo han dejado de lado. Primero muestran que convocan a todos para una foto y para que salga en los medios la voluntad de diálogo, y después cuando tienen que utilizar los mecanismos constitucionales no lo hacen».
El secretario General del sindicato docente porteño Ademys, Jorge Adaro, explicó a políticaargentina.com que a través de una “crítica profunda”, a los DNU y a la “improvisación” del Gobierno de derecha, concluyó que “no hay una intención política porque si así fuera sería el primer gran traspié que tendría este gobierno a días de asumir, porque es una barbaridad política y una irresponsabilidad como gobernantes».
Exigió que este DNU se revierta «inmediatamente», al tiempo que insinuó que no deberían sentarse a dialogar y a participar en ninguna instancia hasta que no rectifiquen en su decisión.
DesdeLaPlaza.com/Tomado de Telesur