Por: Luis Quintana
«¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe.”
Presidenta Dilma Rousseff.
Si algo caracteriza las relativamente nuevas modalidades que utiliza Estados Unidos para tumbar los Gobiernos que desafían sus intereses, es que se revisten de un manto aparentemente constitucional, como para que los ciudadanos víctimas y el resto del mundo creamos que la salida abrupta de un Presidente o Presidenta se debió a la aplicación de mecanismos legales y transparentes y, por lo tanto, el nuevo Gobierno resultante de esta operación es un Gobierno legítimo y, además, constitucionalmente limpio.
Veamos ahora algunas razones que explican por qué lo que hemos visto en Brasil es la materialización de un Golpe de Estado operado bajo esta “nueva” modalidad denominada por algunos como Golpe “suave” y por otros como Golpe “parlamentario”:
1.- En un régimen presidencialista como el de Brasil, los Presidentes son electos directamente por el voto mayoritario del pueblo. En este caso, Dilma Rousseff fue electa con más de 54 millones de votos en 2014. Son los electores y no el parlamento los únicos que tendrían legitimidad para quitarle ese mandato, si consideran que no ha sido una buena gobernante.
En cambio, en un régimen parlamentario como el español, si el Presidente del Gobierno pierde la confianza de los diputados del Congreso, tendría que ser inmediatamente reemplazado, pues este sistema prevé que su legitimidad depende de mantener los apoyos de la mayoría de los parlamentarios.
2.- Si un Gobernante es responsable de lo que la legislación de Brasil define como un “crimen de responsabilidad por haber atentado contra la Constitución”, debe ser procesado en un juicio político que autorizan tanto la Cámara de Diputados como el Senado, siendo esta última instancia la responsable de determinar la culpabilidad. Al respecto, es importante revisar algunos argumentos expuestos por el abogado defensor de la Presidenta Dilma, José Eduardo Cardozo:
A Dilma se le acusó de dos supuestos crímenes de responsabilidad:
1.- Haber autorizado un aumento del presupuesto de 2015, sin la autorización del Congreso.
2.- Haber financiado un déficit de recursos de un programa de créditos agrícolas con fondos de un banco público.
Para enjuiciar y destituir válidamente a una Presidenta de la República, debe tratarse de un delito grave que implique un atentado a la Constitución y no tan sólo la violación de alguna disposición administrativa o la lesión de una norma. Debe más bien tratarse de hechos que comprometan severamente la integridad del Estado y de sus instituciones que estén expresamente establecidos como delitos en alguna ley o en la propia Constitución.
En primer lugar, a la Presidenta Dilma se le acusa de cometer dos “crímenes de responsabilidad”, sin que los hechos por los cuales la están enjuiciando estén claramente establecidos como delitos en la legislación de Brasil. En realidad, se trata de hechos cometidos por todos los presidentes que la antecedieron, sin que ello desencadenara consecuencia legal alguna.
En segundo lugar, si estuviesen tipificados como delitos, están muy lejos de representar un atentado a la Constitución y, por lo tanto, el Congreso no tiene bases jurídicas para enjuiciarla, sino que más bien la procesan por la valoración estrictamente política que tienen sus integrantes en relación con su desempeño en el Gobierno, razón por la cual no podrían juzgarla ni destituirla conforme a la Constitución, porque estarían violando sus propias disposiciones sobre los supuestos de aplicación de un juicio político y, peor aún, estarían usurpando un poder que sólo tiene el pueblo que es el poder de dar el mandato presidencial, por lo que estarían atentando contra la naturaleza del régimen presidencialista.
3.- La destitución de la Presidenta de la 7ma economía del mundo, de la 1era economía de América Latina, del principal exportador de alimentos del planeta, y de la mujer progresista más poderosa en la historia de la humanidad, no es resultado simplemente de la supuesta constatación de su culpabilidad por haber cometido un crimen de responsabilidad. Más bien, resulta de una larga conspiración en la que confluyen la poderosísima élite económica de Brasil, sus serviles élites políticas, entre las que se incluyen las de la alianza de Gobierno de la Presidenta y, como cabe esperarse en estos casos, el auspicio y protección entusiasta del Gobierno de Estados Unidos. No hay golpe sin una conspiración tras bambalinas. No hay Golpe a gobierno progresista en América Latina que no cuente con la intervención directa de las fuerzas imperiales.
El juicio político es simplemente la puesta en escena para legitimar una sentencia predeterminada por los poderes conspiradores. La Presidenta Dilma está sentenciada a ser destituida aun antes de que comenzara a activarse el juicio político en la Presidencia de la Cámara de Diputados en enero de este año. Es decir, desde la perspectiva de los golpistas no hay argumentos políticos que valgan, no hay movilizaciones masivas del pueblo que valgan, no hay condena internacional que valga, no hay defensa legítima ni debido proceso que valga, porque la decisión de destituirla ya está más que tomada y el Golpe está en marcha.
4.- Un golpe de Estado a la mujer progresista con mayor poder en la historia de la humanidad no se producirá jamás para corregir sus errores y mucho menos para profundizar un nunca suficientemente rápido proceso de inclusión y justicia social. Este golpe se da para restablecer el neoliberalismo como paradigma de ordenación del Estado, la economía y la sociedad, marcado por la preeminencia del mercado, la reducción del rol rector del Estado, así como de su capacidad redistribuidora de riqueza y de protección respecto a los más vulnerables, lo cual genera automáticamente exclusión, hambre y pobreza masiva. Aunado a que un Golpe de estos sirve para realinear las fuerzas con Estados Unidos y sus aliados. El Brasil potencia que impulsa la unidad latinoamericana y caribeña, el que forma parte de los BRICS apuntalando un mundo más equilibrado, el país que estimula las alianzas birregionales para fortalecer las capacidades Sur-Sur, ahora volverá a tener el papel subordinado a Estados Unidos que tanto lo caracterizó antes de la era Lula. Si existen dudas al respecto, basta con ver la conformación del Gabinete del Presidente ilegítimo y sus primeras decisiones.
Nos queda ver (y participar) del contragolpe del pueblo y de los gobiernos progresistas que están obligados a revertirlo contra todo pronóstico.