La educación en Chile se ha convertido en uno de los retos principales del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero su solución sigue estando bastante lejos.
El problema no es nuevo. Fue en 2011 cuando cobró mayor repercusión con las multitudinarias manifestaciones de universitarios en las que también hubo choques violentos. El problema radica en la desigualdad dado que un colegio privado o la universidad no está al alcance de todas las familias.
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La principal denuncia es que se haya dejado la educación en las manos de entidades privadas, en concreto de los bancos, que han usado a los universitarios y a sus familias para lucrarse. De tal forma, el solicitante debe vender su casa o pagar durante varios años. Algunos se ven obligados a trabajar de día y estudiar de noche para poder pagar el préstamo.
Chile es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) con más gasto privado en educación superior con una inversión del 65,4% frente al 30,3% promedio de los países de la OECD.
Este martes la Cámara de Diputados empezará debatir el proyecto de la ley corta de gratuidad que ya ha sido aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De acuerdo con este proyecto, en el año 2016 178.000 universitarios accederán a la gratuidad, unos 30.000 menos que lo anunciado inicialmente por la presidenta.
«Esperamos esta reforma estructural que va a permitir una institución de fiscalización como la superintendencia», ha declarado la activista Camila Valejo, presidenta de la Comisión de Educación.
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