Durante el primer semestre de 2014 España autorizó la venta de armamento a países que podrían haber utilizado ese material para cometer graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Es el caso, sobre todo, de Arabia Saudí, el segundo importador de armas de nuestro país y a quien se vendió material de defensa por valor de 240 millones de euros y se le autorizaron exportaciones por 45 millones, según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso y publicados por la Secretaría de Estado de Comercio.
Pero también de otros países como Bahréin, donde se han exportado armas por una cuantía total de 38,3 millones de euros, Egipto (24,5 millones), Israel (1,09 millones), Pakistán (348.637 euros),y Ucrania (donde se concedieron licencias de 11.000 euros para exportar material de defensa, otra de 160.050 euros para armas de caza y tiro deportivo y una última de 429.220 para escopetas, cartuchos de caza y pólvora).
Todos estos casos han sido catalogados como “especialmente preocupantes” por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en un informe que analiza la situación en cada uno de los países, ofrece recomendaciones y pide al Gobierno que los investigue. “El nivel de transparencia actual impide al Parlamento disponer de datos esenciales de las operaciones autorizadas y realizadas, lo que dificulta sobremanera su tarea de control del Ejecutivo”, dice el documento, firmado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermon.
La ley de 2007 que regula las exportaciones de material de defensa y doble uso fabricado en España contempla que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales” de violación de derechos humanos. Además, España ha sido el primer país del mundo en incorporar a su legislación la ‘Regla de Oro’ del reciente Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que prohíbe autorizar transferencias de armamento para cometer atrocidades y que obliga a los países, a través de una comisión “objetiva”, a evaluar las operaciones para considerarlas adecuadas o no.
La lista también incluye a países como Venezuela y Colombia, con ventas por el orden de los 10.760.175 euros, para el primer país, y 1,4 millones para el segundo.
DesdeLaPlaza.com/Público/AMH