A pesar de tener una historia de violencia, nunca antes el gobierno de Colombia había implementado una medida del alcance de la que entró en vigencia, según decreto publicado el 2 de febrero del corriente año; única, por sus características, en América Latina: prohibir el porte de armas en todo el país durante todo 2016.
Colombia decidió no seguir el ejemplo de Brasil, que en 2003 aprobó una ley que prohibió el porte, con algunas excepciones, de forma permanente.
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Posiblemente el gobierno colombiano haya tenido en cuenta el reporte de Naciones Unidas de 2015, que da cuenta de que en su vecino país, a pesar de esa norma, los muertos por armas de fuego alcanzaron las cifras más altas de su historia en 2012.
En Colombia ya se habían sido impuesto prohibiciones similares, pero menos prolongadas y a nivel distrital, como por ejemplo en Bogotá. Y el gobierno nacional había implementado una restricción de ese tipo entre el 23 de diciembre pasado y el 31 de enero, es decir, de apenas algo más de un mes.
«Los resultados que nos ha dado la policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión (…) es positivo«, dijo el presidente Juan Manuel Santos al dar un balance de la medida, antes de que se cumpliera su plazo de vigencia.
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, lo describió en cifras: al 20 de enero se había registrado, dijo, una reducción del 13% en casos de homicidio (146 muertes violentas menos) respecto al mismo período de un año atrás.
900.000 permisos
Villegas explicó que la medida ha permitido abordar dos tipos de problemas: por una parte, los homicidios derivados de riñas que se cometen con armas de fuego (en muchos casos armas con permiso); por otra, controlar las armas ilegales que están en las calles, facilitando así el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Ahora la idea es que continúen haciéndolo a lo largo de todo 2016. El ministro informó que hay permisos de porte para 500.000 armas y de tenencia para 400.000. Es decir, una autorización por cada 53 habitantes.
El decreto que prohíbe el porte hará que, en los hechos, todos los permisos se vuelvan de tenencia (ya no podrán llevarse por las calles, si no dentro de propiedades). Hay algunas excepciones contempladas en la norma, como empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y ciudadanos que demuestren que necesitan, por seguridad, portar un arma. Estos deberán solicitar permisos especiales.
Armas ilegales
La parte de la estrategia que busca identificar el armamento ilegal que existe en Colombia es clave, ya que se estima que en el país puede haber unos 2,5 millones de esas armas, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (CERAC).
Esa cifra incluye las que están en manos de guerrilla, grupos posdesmovilización paramilitar (llamados también bandas criminales o bacrim) y otros grupos ilegales.
Según el director de CERAC, Jorge Restrepo, fácilmente un 97-98% son armas de fuego cortas y de puño (pistolas y algunos revólveres; algunas armas artesanales).
A pesar de que 2,5 millones de armas ilegales más 900.000 en situación legal, Restrepo indica que la prevalencia de armas es baja en Colombia. No obstante, cerca del 82% de las víctimas de violencia del país mueren por arma de fuego.
«Acá hay profesionales de la violencia armada, que utilizan las armas de manera muy eficiente», explica el experto. «Conocemos un arma que se utilizó 27 veces en homicidios antes de que fuera incautada», agregó.
Tasa de homicidios
La duda es saber si la medida dará resultados visibles a lo largo del año. El gobierno cree que sí y también lo piensa Restrepo.
«Tendrá un impacto alto», dijo. «Yo esperaría que esto pueda reducir el homicidio por arma de fuego en cerca de un 20%«, indicó.
Si así fuera, esto alimentaría una tendencia de baja de homicidios en general que el país ha venido registrando.
En los últimos 20 años la tasa de homicidios en Colombia pasó de 65 a 25 por cada 100.000 habitantes, pero aún es alta, por encima del promedio del continente, que está en torno a 15.
DesdeLaPlaza.com/BBC/LDJ