El Senado brasileño calificó este miércoles como una “intimidación” los allanamientos realizados por la Policía en residencias y oficinas de tres de los miembros de la Cámara Alta investigados por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, entre ellos el expresidente Fernando Collor.
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“Todos son obligados a ofrecer explicaciones a la Justicia, especialmente los hombres públicos, ya que ningún ciudadano está encima de la Ley, sin embargo, causa perplejidad algunos métodos que se acercan a la intimidación”, asegura un comunicado divulgado hoy por la dirección del Senado para criticar las operaciones.
Según la Mesa Directiva de la Cámara Alta, algunos registros fueron realizados sin una orden de allanamiento que los amparase y en ninguno de los procedimientos fue solicitada la presencia de agentes de la Policía Legislativa, lo que, alega, es obligatorio.
“Las búsquedas e incautaciones sin la exhibición de una orden judicial y sin límites de las autoridades que las están cumpliendo son invasiones. Son una violencia contra las garantías constitucionales, en detrimento del Estado Democrático de Derecho”, asegura el comunicado, que fue leído en el pleno por el presidente del Senado, Renán Calheiros.
La Policía Federal, responsable por las operaciones, aclaró que todos los allanamientos fueron ordenados por el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país y única autorizada a investigar legisladores, y agregó que la Policía Legislativa no tiene autoridad para hacer allanamientos.
Los agentes allanaron 53 residencias y oficinas de seis de los cerca de 50 políticos acusados de recibir sobornos de la red de corrupción que, según la propia estatal, desvió cerca de 2.000 millones de dólares.
Los responsables por las operaciones se incautaron de computadores, memorias digitales, dinero en efectivo por cerca de 4 millones de reales (unos 1,3 millones de dólares), documentos y hasta vehículos de lujo en residencias, empresas y oficinas, incluso en la sede del Congreso, de seis de los acusados.
Los primeros en la mira del Supremo Tribunal Federal fueron, además de Collor de Melor, los senadores Ciro Nogueira y Fernando Bezerra, el diputado Eduardo da Fonte, el exministro Mario Negromonte y el exdiputado João Pizzolatti.
Los seis políticos afectados por las medidas figuran en la lista de parlamentarios o exlegisladores acusados de beneficiarse de la red de corrupción enquistada en Petrobras en una investigación por la que ya están detenidos una veintena de empresarios y algunos dirigentes políticos, como el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.
Collor, que gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al mandato presionado por otro escándalo de corrupción, aseguró que los allanamientos a sus propiedades violaron todos los límites del Estado Democrático de Derecho y de la legalidad.
“Fui sometido a una atroz humillación personal. Fui humillado. Después de todo lo que he pasado, tuve que enfrentar una situación que nunca había experimentado. Pero pueden tener certeza de que jamás seré intimidado”, afirmó el exjefe de Estado en un discurso que pronunció en el pleno del Senado.
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