Este 30 de agosto las naciones del mundo conmemoran el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, proclamado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y establecido mediante resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:
«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
En 2010, Naciones Unidas expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y respaldó la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Piden apoyo en Suramérica
La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze, pidió este sábado apoyo de los gobiernos para investigar qué sucedió con los desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur.
En Uruguay, son alrededor de 200 las personas detenidas-desaparecidas entre las décadas de 1970 y 1980 durante los regímenes en la región, precisó la vocera.
Investigar cuál fue el destino de estas víctimas «resulta complicado» para sus familiares, pues se produjeron en el marco del Plan Cóndor, por el que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay colaboraron para perseguir, detener y ejecutar a los opositores.
En algunas ocasiones, las víctimas eran capturadas en su propio país y allí se les ejecutaba, mientras que, en otras, eran trasladadas clandestinamente más allá de sus fronteras y fallecían en cárceles de otro Estado o eran lanzadas al mar, relató Guianze.
Una de las claves que Guianze afirmó que serviría para esclarecer muchos de estos casos es la de encontrar los archivos del Ministerio de Defensa Nacional correspondientes a esa época, de los que en buena parte se desconoce su paradero.
Como todos los años, en especial las naciones latinoamericanas, rinden homenaje a las víctimas y hacen un llamado a la reflexión
Desde La Plaza/Agencias/YIB