En un artículo de opinión publicado en la página web misionverdad.com, que hace referencia a los golpes parlamentarios que se han realizado en América Latina. En el texto se explica detalladamente la importancia que puede tener el parlamento en la destitución de un presidente y cuáles pueden ser los métodos que puede utilizar para lograr este objetivo.
DesdeLaPlaza.com realizó un resumen de la nota original que puedes leer a continuación:
Los golpes parlamentarios representan uno de los mecanismos dentro de las múltiples estrategias de intervención en el orden interno de los países. Aquellos que apostaron por incluirse en esquemas de poder internacional distintos a los manejados por Estados Unidos, se encuentran de primeros en la lista.
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La característica fundamental que lo diferencia del golpe de Estado, el parlamentario consiste en que las bases para su ejecución se encuentran dentro del mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura, investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de «incapacidad para gobernar» para forzar una renuncia, entre otros. Se trata de repertorio distinto adaptado al siglo XXI.
El golpe parlamentario apareció en escena con la destitución en el año 2012 del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Ahí se demostró que este mecanismo disminuye enormemente los costos políticos de los actores involucrados y permite cambiar el rumbo de un país y su política exterior sin necesidad de «derramar sangre», apelando al «respeto de la ley» y a la «democracia», cuando por otro lado se está destituyendo a la figura presidencial apoyada por la mayoría de la población.
Es entonces, básicamente, la operación política de intervención extranjera más rentable para alterar la correlación de fuerzas, eliminar rápidamente liderazgos políticos importantes y cambiar radicalmente los esquemas de poder internacional y bloques de influencia regional en los cuales se mueve el país.
Operación de bandera falsa y juicio político a Fernando Lugo
En Paraguay se empleó como recurso central un gran evento de conmoción social.
La operación de bandera falsa conocida como masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías, fue el «evento» (exacerbado por los medios) que permitió, siete días después, la ejecución del golpe parlamentario contra Fernando Lugo.
El aparato policial y militar paraguayo, ponen de manifiesto que para derrocarlo por vías legales primero hubo un derramamiento de sangre que sirviera de justificación, y antes de eso un proceso de desgaste por acumulación de pequeños conflictos de todo orden.
Si para otras cosas sirve un golpe parlamentario, es precisamente para lavar las manos de sus ejecutantes gracias a la inmunidad que comporta un curul y el soporte mediático que realiza la operación de lavado.
En menos de 2 horas (sí, en 120 minutos nada más), derrocaron al presidente de Paraguay por «mal desempeño de funciones» con respecto a la masacre que Estados Unidos y sus operadores internos habían perpetrado. Todas las «pruebas» para estimular la destitución fueron forjadas por los jueces cómplices pagados por la Usaid a través del plan de «fortalecimiento institucional».
Si algo demostró este golpe parlamentario (el primero en la región), es la capacidad que tienen de operar de forma silenciosa y difuminada a lo interno del poder judicial y legislativo paraguayo las estructuras del Departamento de Estado gringo.
Honduras y el papel del Parlamento
Aunque el golpe de Estado contra Manuel Zelaya estuvo marcado más por la tradición «militar» (así como a Chávez en 2002, a Zelaya también lo secuestraron y lo sacaron del país), el Parlamento hondureño jugó un papel fundamental para cerrar los cabos sueltos y aminorar los elevados costos políticos en los que había incurrido el estado militar.
Un día antes del golpe de Estado, el parlamento dirigido por el empresario Roberto Micheletti inició una investigación contra el presidente Zelaya por supuestas «violaciones al Estado de Derecho» ante el anuncio de un referendo no vinculante para evaluar las opiniones de la población hondureña con relación a una reforma constitucional. Los actores externos e internos recurrieron al levantamiento de un expediente político exprés donde Zelaya estaba «violentando» el Estado de Derecho.
La Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito, aprobada ese mismo día, fue la maniobra legal que premeditadamente le sirvió de colchón político y mediático a las fuerzas militares golpistas. El empresario Roberto Micheletti, días después, fue nombrado por el Parlamento como presidente de Honduras hasta el 27 de enero del año siguiente, luego de que se «separara oficialmente» de su cargo al secuestrado Manuel Zelaya.
Tanto Fernando Lugo como Manuel Zelaya tenían minoría parlamentaria cuando se ejecutaron los golpes.
Dato impelable: ambos golpes se dan en un contexto donde Zelaya se acercaba políticamente a Chávez y donde Fernando Lugo gestionaba políticamente la entrada del país al Mercosur.
Golpe parlamentario (en desarrollo) contra Dilma Rousseff
El golpe parlamentario en curso contra Dilma Rousseff es quizás de todos los ejemplos el que más guarda relación con Venezuela después de los resultados del domingo 6 de diciembre, donde la MUD logró 112 diputados.
El «escándalo Petrobras» (punto de arranque del golpe) fue el resultado del espionaje de Estados Unidos mediante la Agencia Nacional de Seguridad dirigido especialmente hacia la presidenta de Brasil, altos políticos de su gabinete de Gobierno y directivos de Petrobras: centros medulares del sistema político y económico brasileño.
Las acusaciones sobre corrupción administrativa y corretajes de sobornos que salieron a la opinión pública, apuntan a generar una base política que legitime el golpe parlamentario contra Dilma, afectando su liderazgo por vías laterales debido a la inexistencia de pruebas sólidas que la impliquen directamente con el caso.
Aunque el presidente de la cámara de diputados del congreso brasileño, Eduardo Cunha (implicado en casos graves de corrupción e imputado por la justicia brasileña por lavado de capitales en Suiza), había dado un paso gigante semanas atrás para autorizar el juicio político contra Dilma Rousseff pedido por los partidos de derecha, hoy ese proceso se encuentra en pausa por posturas encontradas a lo interno de la Comisión Especial de Ética, organismo parlamentario encargado de centralizar las investigaciones contra la presidenta de Brasil.
Las metodologías, los tiempos y las pruebas forjadas que servirán de materia prima para que los diputados opositores puedan profundizar el linchamiento a nivel mediático hasta la ansiada firma de la destitución.
Existen condiciones políticas que definieron los tres escenarios planteados y que definirán el nuestro: la gente, al momento de arrancar la ofensiva de la derecha vía parlamentaria, no estaba movilizada, politizada y cohesionada como lo está el chavismo. Sus principales dirigentes pensaron que negociando sin demostrar firmeza y audacia ante el momento los libraría de la embestida. Todo lo contrario: el enemigo los vio relajados y aprovechó para darles la estocada final. Lo hicieron. No mantener a los países movilizados en momentos críticos los arrimó a una situación aún más tensa, delicada y difícil de resolver.
En Venezuela
El poder judicial juega un papel clave para el golpe parlamentario, en Venezuela también lo jugaría dado que no existe ninguna prerrogativa constitucional que dote a la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional de elementos técnicos para destituir al presidente Maduro de un plumazo.
Con la mayoría calificada que logró la oposición, podrían remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por unanimidad y colocar agentes que puedan iniciar un enjuiciamiento al presidente, autorizado por la misma Asamblea Nacional que los eligió para supuestamente contribuir a una «justicia independiente», «despartidizada» y que no responda a los «intereses del ejecutivo», sino únicamente a los de la MUD y a los del Departamento de Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el órgano encargado de declarar si hay mérito para enjuiciar al presidente. Ese nuevo TSJ admitiría ese recurso sin esperar que terminen de leer la declaración los diputados de la MUD.
El arranque de un proceso de golpe parlamentario estaría dado en sí por la remoción y posterior colocación de magistrados afiliados a los intereses del enemigo, en medio del asedio internacional contra Venezuela, donde estructuras ejecutivas del gobierno norteamericano tienen ya el expediente listo para proveer de pruebas forjadas, bodrios propagandísticos e investigaciones fraudulentas y declaraciones a estos nuevos magistrados.
Apelar a causas judiciales poco sustentadas provenientes de entes judiciales o ejecutivos extraterritoriales para iniciar este proceso es inconstitucional, puesto que quedaría en evidencia que el enjuiciamiento al presidente es prefabricado bajo una componenda de intereses políticos antinacionales.
Así como ellos estudian sus panoramas, también nosotros debemos diseñar los nuestros. Si van por el golpe parlamentario, no se encontrarán con un liderazgo político parecido a los ejemplos aquí citados. Aún con su profunda incontinencia política, saben lo que les depara si cruzan la raya: un chavismo a la contraofensiva.
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