El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, negó este lunes, que el gobierno nacional haya intervenido de alguna manera las operaciones de esta empresa.
La aclaratoria la hizo luego que la filial de General Motors de Venezuela (GMV) tras reportar una “confiscación” ilegal a su planta automotriz en Valencia, despedió a más de 2 mil trabajadores a través de mensajes de textos.
“Es falso. Por el contrario, en el ámbito del Consejo de Economía Productiva las ensambladoras de vehículos se les dieron un tratamiento especial. El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector y, a propósito de ello, se ha puesto a disposición de estas compañías mediante financiamiento y formas de apoyo para que reactiven y aumenten su capacidad de producción”, indicó el ministro en una entrevista a Venezolana de Televisión.
Torrealba reiteró que el Estado no ha “expropiado, ni tiene planes de expropiar” alguna instalación de esa empresa automotriz en el país.
“Esto se lo hemos transmitido al actual presidente de GM de Venezuela, José Cavaileri. Usted venga aquí, de la cara y comparta con nosotros las opciones que existen para restablecer la normalidad”, añadió Torrealba.
Reiteró además que, “la idea es proteger los puestos de trabajo, cubrir la demanda interna y que los carros puedan ser exportados. De manera que no es cierto que exista una confiscación a General Motors, lo que ocurre es un juicio entre particulares porque unos concesionarios de Maracaibo le pagaron a la ensambladora unos vehículos que nunca recibieron. Esos concesionarios son privados, no del gobierno”, concluyó.
Demanda millonaria
La trabajadora y representante del sindicato de GMV, Eleana Leal, en entrevista al programa ‘La Hora del Trabajador’, transmitido por RNV, aseguró que es totalmente falso que el Gobierno Revolucionario haya expropiado a la compañía estadounidense, si no que un concesionario privado la demandó desde el año 2000, por incumplir con la venta de unos 10.000 vehículos que no entregaron oportunamente, y aseguró que sus propietarios se escaparon del país para no cumplir con la sentencia.
Leal, señaló que solamente se le ejecutó un ‘embargo’ para que la GMV, cumpla con esa empresa privada a la cual se le adeuda a razón de la ‘no’ entrega de los vehículos un total de 478 mil millardos de bolívares, “está planta vale mucho más que eso”, puntualizó.
La sindicalista destacó que con la finalidad de que 2 mil 500 trabajadores no se sigan viendo afectados por esa empresa golpista, que anteriores oportunidades se ha sumado a paros para afectar a la Revolución Bolivariana, ellos han recibido el apoyo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro para que la clase trabajadora no quede desempleada.
Despidos por mensajes de textos
Según lo reseña noticias al día en su portal web, dos ex empleados afectados por el despido relataron que, la transnacional fabricante de vehículos realizó la notificación de despidos a través de mensajes de textos a los números telefónicos de los trabajadores, cuyo remitente era un número desde los Estados Unidos que rezaba,:
“GMV informa que se realizó a su cuenta la transferencia de sus prestaciones sociales por la finalización de la relación de trabajo”.
Otro empleado, que tenía cinco años trabajando en la empresa y que contó que recibió el mismo mensaje en su móvil personal y un pago a su cuenta, comentó por su parte: “Nuestros ex jefes nos dijeron que los directivos se fueron y todos fuimos despedidos. Ya no hay nadie en el país”.
El gobierno nacional garantiza puestos de trabajo
El pasado jueves 21 de abril, el coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se reunieron con los trabajadores de la planta de esta empresa en Los Guayos, Valencia, para trazar el rumbo de la actividad en estas instalaciones, y garantizar el trabajo de sus empleados, así lo informa el Universal en una publicación del día 21 de abril en su portal web.
El miércoles 19 de abril, los representantes de la transnacional GMV, fueron enterados de la medida de confiscación de las instalaciones, así como de bienes inmuebles pertenecientes a la empresa, emitida por el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito, que afecta a la Planta ubicada en Valencia.
A este respecto, la casa matriz ubicada en Detroit, Estados Unidos, emitió un comunicado en el que especifican que “la empresa rechaza firmemente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela para defender sus derechos”, estipulan.
Acotan que se comete un “daño irreparable a la compañía, a sus 2 mil 678 empleados, sus 79 concesionarios (la red de servicio mayor del país con más de 3 mil 900 trabajadores) (que suman 6 mil 578) y sus (12 mil 000) proveedores”.
DesdeLaPlaza.com/Agencias/RS