¿Sorprende que la llamada Mesa de la Unidad Democrática haya entregado 605.727 mil firmas fraudulentas para convocar a un referéndum revocatorio presidencial? ¿Que hayan presentado 9.333 números de cédula inexistentes, 53.658 robos de identidad, de 3.003 menores de edad, 10.995 fallecidos y 1.335 reclusos firmantes? Es alarmante, aunque no debería sorprender, sobre todo tomando en cuenta el proceder histórico de esta facción política cuya bandera, junto al golpismo, ha sido siempre el fraude.
Es un fraude continuado, cuya expresión es la ilegalidad, maniobra en acciones concretas relacionadas con procesos refrendarios presidenciales y que al ser de un carácter predecible en esta oportunidad sus víctimas reclamaron defensa y reparación de sus derechos (identidad, duelo, privacidad) por lo que recientemente los tribunales estadales de Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia anularon el 1% de las firmas recabadas por la MUD y en consecuencia el Consejo Nacional Electoral postergó el proceso de convocatoria para tal referéndum revocatorio.
Otro fraude, en descuido de dicho referéndum, fue la promesa demagógica hecha en enero desde el Parlamento de sacar al presidente constitucional Nicolás Maduro en seis meses, junto con otras propuestas como la de reducir el período presidencial a cuatro años, promulgar el abandono del cargo por parte del Presidente o presionarlo políticamente para que renunciara. La estrategia general tuvo el propósito de derrocar a Maduro y eliminar por la vía institucional al chavismo, sin embargo, ninguna de estas alternativas resultó y la última garantía fue un proceso refrendario a contrarreloj para 2016, que como consecuencia del fraude ya no será.
La oposición sabe que convocar un referéndum en 2017 sería en condiciones no favorables para una salida del chavismo, sea por una baja convocatoria, en medio de unas elecciones municipales y regionales, así como lo establecido en la Constitución respecto a la responsabilidad del Vicepresidente Ejecutivo de culminar el mandato en caso de que el presidente sea revocado.
Cabe analizar cómo cada fraude de la derecha antecede siempre al golpismo. Por eso la reacción del pasado domingo 23 de octubre, cuando en sesión extraordinaria la Asamblea Nacional firmó un acuerdo para “la restitución del orden constitucional” y aunque lo hace en condición de desacato (por juramentar diputados impugnados por presunto fraude electoral), realmente lo que busca es conminar a un golpe blando, compuesto por factores nacionales y extranjeros, cuyo resultado sea anticipar unas elecciones.
De un carmonazo a otro
La pulsión por derrocar al chavismo mediante elecciones anticipadas ha sido una carta constante en la agenda opositora. Luego del fracaso del golpe contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002 ―cuando Pedro Carmona Estanga abolió todos los poderes mediante un decreto― la derecha planificó el sabotaje de la industria petrolera, en medio del cual surgió la propuesta de exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez o un acuerdo “negociado político-electoral”, auspiciado por la campaña mediática de “Elecciones ya”.
Sin resultados favorables, la oposición nuevamente al margen de la Constitución promovió la realización de un referéndum consultivo, no vinculante, para sacar al Presidente, opción que no fue viable y optaron por recabar firmas para un revocatorio, en una primera oportunidad fueron inválidas por ser recogidas antes de la mitad del período presidencial (agosto 2003) y posteriormente (febrero 2004) fueron rechazadas por ser fraudulentas un 30% de las 3.448.747 firmas recabadas, por pertenecer a fallecidos, menores de edad, extranjeros, dobles cedulados y las llamadas firmas planas.
Aunque estas acciones han definido a la oposición, ésta se ha dedicado históricamente a desprestigiar al CNE con denuncias de fraude electoral, con miras a escenarios violentos, descargas “de arrechera” y salidas inconstitucionales cada vez que los resultados no le son favorables, como lo hizo el actual presidente de la AN, Henry Ramos Allup ante los resultados del referéndum de 2004, como ha sido ante resultados adversos en las parlamentarias de 2005 y 2010, también con los comicios presidenciales y municipales de 2013.
De igual modo, con un prontuario golpista, es la derecha parlamentaria la que señala al presidente Maduro de romper el hilo constitucional y lo denuncia de consumar un golpe de Estado, en una maniobra propagandística de atribución oportunista, señalando en el adversario las responsabilidades propias y usando como chivo expiatorio al TSJ y CNE, a sabiendas de su desacato y otros saltos legales ―como el necesario concurso del Poder Ciudadano para tomar alguna acción contra el Presidente― para incitar con esta opinión un pronunciamiento que movilice el golpe de Estado, como ocurrió en Chile contra Allende, en 1973.
Golpe desde el Parlamento
Con menos recursos económicos para desestabilizar y revestidos de cierta legalidad, los golpes parlamentarios le han dado resultados positivos a los poderes fácticos nacionales y al imperialismo internacional. Aprovechando las minorías parlamentarias de las fuerzas políticas que respaldan a sus presidentes fueron efectivos los golpes contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016), fundamentados en maniobras de juicio político y acusaciones de violación del Estado de derecho.
Para que en Venezuela ocurra un escenario de juicio contra el presidente, la Constitución establece que correspondería al TSJ evaluar si hay méritos para tal acción, de igual forma aplica para remover a los rectores del CNE, mientras que la AN únicamente puede aplicar el voto de censura contra el Ejecutivo en sus vicepresidentes y ministros. Pero en la condición de desacato esta eventual acción sería nula, sin embargo, al declarar la “ruptura del orden constitucional”, la AN se abroga unas atribuciones para tomar acciones que precipiten un golpe de Estado, manipulando el artículo 350 de la Constitución.
El acuerdo exige a la Fuerza Armada “no obedecer” órdenes contra el pueblo, al que igualmente convoca a la defensa de la Constitución, propone formalizar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, remover los poderes Electoral, Judicial y “determinar” la situación de Maduro en la Presidencia. “Cuando ellos dicen ‘restituir la Constitución’ es despacharse todos los poderes del Estado y decir: ‘la Constitución soy yo’”, denunció al respecto el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Earle Herrera, entrevistado en Venezolana de Televisión.
El “restablecimiento” del hilo constitucional fue el principal argumento que la Cámara de Diputados de Chile en 1973 utilizó para conminar el golpe de Estado contra Salvador Allende otorgándole facultades beligerantes a los militares en contra del poder Ejecutivo; aunque en Venezuela no existe dicho escenario, el acuerdo suscrito por la derecha parlamentaria es sobre todo una acusación contra el Presidente de estar al margen de la Constitución, para allanar el camino a la violencia política y basándose en la “falla” de mecanismos constitucionales, movilizar fuerzas de choque para generar la desestabilización que permita activar los “mecanismos internacionales”.
Con esta maniobra en la víspera la derecha se mueve a dos bandas. Convocó una nueva marcha hacia el palacio de Miraflores y las tomas de las principales vías expresas de Caracas para este 26 de septiembre, por otra parte aceptó sentarse en la mesa de diálogo para el 30 de octubre en Nueva Esparta, con la mediación del Vaticano, ciudad que formó parte de la gira del presidente Maduro, desde donde instó a dirimir en paz las diferencias entre gobierno y oposición.
Mientras tanto dos cosas preocupan a la derecha parlamentaria, una es el tiempo y la otra el espacio: el poco tiempo que le queda a la directiva actual al frente de la AN, con un Ramos Allup que debe entregar la presidencia en enero y el poco espacio que les dejó el pueblo en el Hemiciclo cuando irrumpió este domingo al Palacio Legislativo a defender al presidente Nicolás Maduro. Abril nunca se olvida.
DesdeLaPlaza.com/Pedro Ibáñez