En los próximos días, el representante General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentará un informe ante la Corte Penal Internacional por el “ataque sistemático” a los colombianos en la frontera con Venezuela.
A su juicio, la situación se enmarca dentro de un crimen de lesa humanidad contra los colombianos que han sido deportados y se les ha derrumbado sus casas.
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A su vez, Ordóñez pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que emite medidas cautelares al Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro “para que cese el ataque contra la población colombiana en la frontera”, describió el comunicado de la Procuraduría General.
La Procuraduría General de la Nación, en complimiento de sus funciones constitucionales de la defensa de los derechos de los colombianos, se permite informar a la opinión pública que:
Es inaceptable la declaración de la canciller venezolana Delcy Rodríguez respecto a la gravísima situación en la frontera binacional.
- Es inaceptable que niegue la política de ataque sistemático a la población colombiana en la frontera, con lo que justifica esa execrable actuación del Gobierno de Nicolás Maduro y deja claro que dicha política la mantendrán.
- Es inaceptable que el Gobierno de Venezuela acuse a los medios de comunicación y los responsabilice de la crisis, por informar sobre los ataques a que están siendo sometidos los colombianos.
- Es inaceptable que se exija al Gobierno colombiano que se sometan a control los medios de comunicación. Colombia es una Democracia donde no es posible la censura y sí existe la libertad de prensa.
- Es necesario que el Gobierno de Juan Manuel Santos exija con firmeza el desmonte de esa política sistemática de ataque contra los colombianos. La crisis con Venezuela no se resuelve con la simple reapertura de la frontera, sino con el fin de dicha política.
- La Procuraduría presentará la semana próxima ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional un informe sobre la política venezolana de ataque sistemático a la población colombiana, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, para que esta la asuma oficiosamente.
- La Procuraduría solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que imponga medidas cautelares al Gobierno de Venezuela para que cese el ataque contra la población colombiana en la frontera.
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