Ese día es un hito, el primero de tantos a lo largo de los últimos quince años de golpes, guarimbas y fracasos. Pedro Carmona Estanga, en su investidura de presidente de Fedecámaras y con una insólita alianza con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), anuncia un paro para el 10 de diciembre de 2001, sin “intención desestabilizadora”, ni deseos de “inestabilidad política”, aunque fueron esas maniobras las que le convirtieron en presidente de facto cuatro meses después, durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Era el 19 de noviembre de 2001, habían transcurrido seis días luego de firmarse las últimas leyes, de un lote de 48, decretadas vía Ley Habilitante, que afectaron “intereses retrógrados como el latifundio, la pesca de arrastre y su aspiración de privatizar la industria petrolera”, recuerda Germán Sánchez Otero en su libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo.
Esos intereses retrógrados y la llamada “burguesía estéril”, sector comercial y financiero inflado por el chorro de petróleo en la primera mitad del siglo XX, habían conformado durante décadas parte de la Federación de Cámaras de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. “Una oligarquía de comerciantes y banqueros van entonces prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político y que se refleja en la vida institucional”, explica en Venezuela Violenta, el economista y escritor Orlando Araujo.
Aunque impregnada de un esquema colonial latifundista, cuyos ingresos no provienen de factores de producción, sino de “la comisión del intermediario que compra afuera y vende adentro”, y defensora de la no intervención del Estado en la economía, también la integró una burguesía nacionalista manufacturera, explica Araujo, que históricamente ha llevado el freno del sector comercial, sobre todo cuando un alto porcentaje de sus fabricaciones requieren insumos importados.
Esa misma cúpula empresarial, que prevalece desde su fundación hace 72 años, fue la que asumió un rol político al convocar al paro del 10 de diciembre, con el lema “Rectificación ya” y en alianza con los medios de comunicación privados, cuyos personajes resaltantes Gustavo Cisneros, Marcel Granier y Nelson Mezherane, impusieron por primera vez, de las tantas que vendrían, matrices de opinión que apelaban al artículo 350 de la Constitución Bolivariana y la conminación a la renuncia del Jefe de Estado.
“Una oligarquía de comerciantes y banqueros van entonces prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político y que se refleja en la vida institucional”, explica en Venezuela Violenta, el economista y escritor Orlando Araujo.
Creada el 17 de julio de 1944, con alta predominancia de las cámaras de comercio (16 de las 22 asociaciones nacionales) y con la creencia de tener poder de veto ante políticas económicas contrarias a sus actividades comerciales, se convierte entonces en el mascarón de proa del golpismo y los acontecimientos que darán inicio a un ciclo conspirativo, que incluyó el sabotaje petrolero y lockout comercial de 2002 y 2003, y que luego de tres lustros actualmente se expresa con la guerra económica, especialmente en las maniobras de escasez de alimentos impulsada por una parte del sector agrícola de la corporación patronal.
En 2001, Fedecámaras atizó sus ímpetus cuando el 30 de noviembre el presidente Hugo Chávez proclamó la Ley de Hidrocarburos en la refinería Amuay (Falcón), que incrementaba en 30% los tributos de las transnacionales por concepto de extracción; días después, el 4 de diciembre inauguró el Congreso Internacional de Derecho Agrario donde expuso los alcances de la Ley de Tierras contra el latifundio, reafirmando así que dichas leyes avanzarían en todo su alcance.
Ese 10 de diciembre los medios de comunicación, entre ellos Globovisión, El Nacional, RCTV y Venevisión, también ensayaron el comportamiento que tendrían meses después y promovieron el mensaje de que el paro fue un éxito total aunque colegios públicos, transporte, parte del comercio, pequeñas y medianas industrias, sector petrolero, eléctrico y público mantuvieron sus actividades.
Por esos días, la burguesía “hizo sonar” en estéreo sus discos compactos con sonidos de cacerolas, comenzaba la polarización que junto a los pronunciamientos militares de Pedro Soto y Carlos Molina Tamayo, la inclusión de la cúpula sindical, eclesiástica, la meritocracia petrolera y la participación de EEUU, prepararía el golpe de abril, proyectado con el Pacto de La Esmeralda, cuyo firmante principal fue el entonces presidente de Fedecámaras.
El documento Base para un acuerdo democrático, firmado el 5 de marzo, se mostró al país como un pacto de gobernabilidad, siendo realmente de élites, que según el presidente de la CTV, Carlos Ortega, planteaba la “transitoriedad”. Dicha organización convocó un segundo paro empresarial el día 9 de abril, que luego sería extendido por 24 horas hasta hacerlo indefinido, para movilizar la marcha hacia Miraflores y derrocar a Chávez el día 11.
Se recuerda la imagen de Pedro Carmona el viernes 12, autojuramentándose como presidente de facto, cuando recibía los aplausos de la plutocracia nacional. En el Salón Ayacucho del palacio de gobierno, sin Simón Bolívar, pero con banqueros, industriales, alta gerencia petrolera, la ultraderecha y “representantes de la sociedad” quienes firmaron el mamotreto legal del golpe y vitorearon el inolvidable “te queremos Pedro”.
En su libro Mi testimonio ante la historia, Carmona expresa una perla falaz de lo que significa una causa clasista y es que en su entender el paro de 10 de diciembre fue “la primera vez en la historia que el empresariado nacional promovía un paro nacional y que a él adhería la mayoría de la población”.
Con un gesto napoleónico, en sus páginas también afirma que el haber sido dirigente empresarial lo “obligó” a una exposición pública que prácticamente le condicionó asumir el “vacío de poder”, y su testimonio es pertinente porque según dice a “los hombres hay que conocerlos y juzgarlos con base en sus ejecutorias y no solo en función de episodios”.
El 4 de marzo de 2007, años después de haber sido restaurado en el poder por la movilización popular, ratificado por un referéndum (2004) y victorioso en una reelección (2006), Hugo Chávez, entrevistado por José Vicente Rangel en Televen, recordaba que en el país “hubo una costumbre, un modo de diálogo, el diálogo de las élites”, las mismas que se burlaron del llamado a diálogo luego del 11A, que se dedicaron a planificar el sabotaje petrolero con la Coordinadora Democrática (predecesora de la Mesa de la Unidad Democrática), la llamada Gente del Petróleo, CTV y Fedecámaras.
“Hay que dejar a la historia, el diálogo de las élites. Fedecámaras venía aquí, proponían, y resulta que si el Gobierno no asumía las propuestas que ellos traían, entonces no hay diálogo, aquí no hay diálogo. O sea, para ellos diálogo es sumisión”, recalcó Chávez en dicha entrevista.
Carmona expresa una perla falaz de lo que significa una causa clasista y es que en su entender el paro de 10 de diciembre fue “la primera vez en la historia que el empresariado nacional promovía un paro nacional y que a él adhería la mayoría de la población”
El domingo 2 de agosto de 2015, el entonces recién nombrado presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, entrevistado en el mismo programa, José Vicente hoy, señalaba que creía en el diálogo «sin alguna carga que sirva como trampa ideológica, que no permita el desarrollo del país» y consideró que debe convocarse «a los mejores venezolanos”, con expreso criterio de distinción.
La cúpula patronal puso de manifiesto en diciembre de 2015 su visión de las cosas, al arremeter contra la clase trabajadora y “proponerle” un manual a la recién electa Asamblea Nacional, en el que exigían derogar artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, para la Trabajadora y el Trabajador (LOTTT), como los que prevén las utilidades acumulativas y pagos de horas extras.
Cabe recordar nuevamente a Araujo, quien sostiene en su libro que “a fin de no arriesgar políticamente la mampara gremial (apolítica) de Fedecámaras, haya inspirado y logrado la organización de grupos y partidos políticos que representen, defiendan e impongan sus puntos de vista en la esfera de los poderes públicos y en el centro mismo del combate político”, lo que explica su participación desde 2001 en acciones para derrocar al gobierno revolucionario y su interés en eliminar artículos del texto legal que protege a los trabajadores.
Fedecámaras siempre ha expresado la opinión “experta” y otro de los temas sobre los que se pronunció Martínez en aquellos días en declaraciones al Correo del Orinoco, fue sobre el problema de abastecimiento de alimentos, ante el cual sostuvo que “Mientras no tengamos un impacto fluido de divisas vamos a tener impacto severo sobre el desabastecimiento”.
Sin embargo, Luis Britto García, en el prólogo de La mano visible del mercado (2016), de Pasqualina Curcio, indica cifras que demuestran cómo en medio ese mismo de sabotaje y desestabilización que suma 15 años han aumentado las importaciones de alimentos (259%), medicinas (309%) y el otorgamiento de divisas preferenciales para dichas importaciones se elevó de $15.750 millones (2004) a $30.859 millones en 2013.
“No hay entonces ni disminución de producción ni cierre de empresas, ni desempleo ni falta de asignación de dólares preferenciales. El problema es mucho más sencillo: los grandes importadores y productores de bienes básicos constituyen un oligopolio que crea un tapón de acaparadores e intermediarios que se interpone entre los bienes subsidiados por el Estado y el pueblo consumidor”, explica Britto García.
Para la mesa de diálogo iniciada el 30 de octubre entre gobierno y oposición, la organización patronal ha propuesto incluir “el diseño de un nuevo modelo económico”, posiblemente aquel que defiende la no intervención de Estado en la economía, mientras la guerra económica insiste en derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que como explica Curcio, sus operadores están en los oligopolios nacionales y las empresas transnacionales que con el desabastecimiento programado, la inflación inducida, el boicot de productos de primera necesidad y el embargo comercial encubierto aún ensayan el golpe de Estado.
DesdeLaPlaza.com/Pedro Ibáñez