Los «daños colaterales» de esta guerra económica unilateral de los empresarios contra el pueblo ya está tomando cuerpo en todos los sectores de la sociedad. No conformes con promover y ejecutar abiertamente un golpe de Estado con escenarios en los medios privados de comunicación y en el escenario legislativo insurreccional, acentúan la restricción de la oferta de productos básicos para el consumo del venezolano.
Así, el fenómeno del bachaquero está tomando una fuerza devastadora en las familias que desesperadas por conseguir azúcar, café, leche, pastas, arroz, jabones para lavar y para uso corporal, recurren resignadas a estos delincuentes que sin escrúpulos le «tuercen el brazo» a los venezolanos tal como se los ordenó Barack Hussein Obama.
Pero lo grave del asunto es que inconformes de su avaricia y sed del dinero fácil, ya están modificando y alterando los productos, mezclando detergente con polvo de matar chiripas, recolectado el desecho del café (la borra) y volviéndola a empaquetar para venderla a precios incomprables, envasando agua con colorante para ofertarlo como jabón líquido y hasta vendiendo medicamentos de alta demanda por unidad ¡y hasta vencidos! Esta gente no son solo bachaqueros, son crimínales que no tienen perdón de Dios ni de nadie.
Lo crítico de todo esto es que se siente que falta más acción por parte del Estado para frenar esta sed del «pueblo jodiendo al pueblo».
Está excelente que la Sundde esté haciendo lo suyo en los comercios cómplices del bachaquerismo y que el Presidente Maduro este activando los Comités Locales de Administración y Producción (CLAP). Pero eso es insuficiente para este fenómeno que se está desbordando y convirtiendo en una especie de antropofagia social donde nos comemos los unos a los otros por la supervivencia humana.
Es tiempo de producir otras políticas y tomar más medidas contundentes para frenar y acabar con el bachaquerismo. No podemos seguir improvisando para luego ver cómo empeora la situación y darles más armas al enemigo.
Si bien es cierto que el bachaquero revende los productos que consigue en los comercios y con la complicidad de los dueños de estos espacios y de uno que otro funcionario de la burocracia civil y militar, es de entender que la buhonería se decantó en este último fenómeno y esa llamada «economía social» se ha desvirtuado para darle paso a una forma más cómoda y fácil de hacer dinero sin pagar ni retribuirle nada al Estado y ahora con actitudes criminales de alterar los productos para hacerle daño a la gente.
Primera medida, justos por pecadores: decretar el buhonerismo como práctica ilegal de la economía y desmantelar todo tarantín que este en las calles de nuestras ciudades. Suena duro, pero hay municipios que hasta lo promueven para hacer creer al mundo que somos un caos, eso pasa en Petare, por ejemplo.
Como estamos en emergencia económica, y uno de los principales abusos de los empresarios y comerciantes que nos declararon la guerra es restringir la oferta de productos básicos y desviarlos a sus centros de consumo élites, y encima atiborrar sus anaqueles en sus sucursales ubicados en los sectores medios y pobres de las ciudades con productos saborizados que no están regulados, pues la segunda medida sería decretar la prohibición de la producción, con sabores añadidos y mezclas, de rubros esenciales como el arroz, harina de maíz, las pastas, las salsas, los quesos envasados y otros, como el café llamado «Gourmet» que es café simple pero te lo venden como café de alcurnia.
Y todo producto que tenga esas características pasa al régimen de producto regulado con precio máximo de venta.
La fábrica, comercio, distribuidora, supermercado que incumpla con esta medida debe ser objeto de sanciones severas estipuladas en la ley de precios justos y se les prohibirá a sus dueños ejercer la actividad comercial por 10 años.
La tercera medida sería poner a trabajar a los entes encargados de la contraloría de sanitaria, pesos, medidas y calidad de los productos para que inspeccionen toda planta y comercio de productos de limpieza y aseo personal. Que se cumpla la norma sobre estos rubros y se sancione de igual manera a quienes incumplan.
Una cuarta medida sería adoptar la producción de lecha liquida solamente y suspender por dos años la de leche en polvo y la presentación UHT. De esta manera no habrá chance de contrabandear ni bachaquear el producto que debe venderse a precio justo y sin alteraciones.
De sexto, para pararle el trote a los empresarios que piden dólares para pagar patentes de uso de marcas, decretar que toda la producción de alimentos y productos esenciales sea comercializada única y exclusivamente por marcas nacionales, debidamente registradas en el SAPI. El Estado no debe reconocer cualquier solicitud de divisas para pagar patentes de uso y explotación de marcas de origen extranjero. Que esos que se llevaron los dólares preferenciales los devuelvan al país.
Como séptima medida, el Estado debería reimpulsar la promoción del cooperativismo como práctica económica social y apoyar el intercambio trueque entre los productores comunales. Que las fábricas y las distribuidoras sean manejadas entre todos y para todos. Que se destinen fondos de apoyo y acompañamiento en los catorce motores para estos sectores de emprendedores.
Para que no nos sigamos comiendo las uñas cada vez que nos señalen el tema de la corrupción, castigar de verdad a quienes nos han puesto en esta situación con su falta de probidad y su ambición desmedida. Que se castigue caiga quien caiga. Y que sea ejemplar para poner a temblar a los infiltrados y ladrones y que sirva para elevar la moral en nuestras filas.
Y fabrica parada, fábrica tomada y puesta a la máxima producción para abastecer los expendios de manera que se aumente la oferta y mejoren los precios.
Las medidas adoptadas por el alto gobierno y la ejecución de la Sundde están muy bien encaminadas y si entre todos colaboramos, denunciamos y exigimos podremos acabar con este fenómeno y arma de la guerra económica que es el bachaquerismo.
Por algo hay desespero en el norte.
DesdeLaPlaza.com / Noel Briceño Rios