El economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, escribió un artículo de opinión sobre el caso de la grabación de la conversación telefónica sostenida por Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann asegurando que «es una estrategia de campaña política más que una acción con sustento legal».
«Dos personas tienen una conversación privada, que es grabada clandestinamente y presentada en televisión. Lo único ilegal aquí es la grabación», indica León en su escrito.
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El economista también explica que Mendoza y Haussmann «hablan de la grave situación económica del país y la necesidad de cambios económicos profundos para abordarla. Si esto fuera ilegal, deberían estar presos 89% de los venezolanos que indican que la situación del país es mala o muy mala».
«Describe el Dr. Hausmann un grupo de medidas que, a su parecer, son claves para abordar la crisis, incluyendo la necesidad de buscar apoyo de organismos financieros internacionales, que por cierto tienen precisamente ese objetivo y de los cuáles forma parte Venezuela como miembro activo», continua León.
«Avanzando en la plática, Hausmann indica que se ha reunido con algunos de sus amigos del FMI. Le contó a Mendoza que sus panas (…) piensan que el organismo estaría en disposición de ayudar al país en el caso de una crisis económica de grandes dimensiones», indica.
«Obviamente no pidió una asistencia formal al Fondo, ni abrieron un caso para evaluar esa solicitud, porque, como informó públicamente ese organismo, sólo recibe solicitudes de gobiernos, aunque, por supuesto, como cualquier organización de países libres y democráticos, sus funcionarios pueden reunirse con quienes quieran (…). Si eso fuera ilegal, también lo sería reunirse con un embajador apostado en Venezuela y darle o pedirle su opinión cara a cara», opina León.
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«Sería ilegal asistir a las presentaciones de los analistas internacionales que evalúan la deuda, porque podrías ser acusado de conspiración. Deberían ir a la cárcel los analistas y profesores que en sus trabajos de investigación entrevistan funcionarios locales o internacionales, para construir escenarios sobre el futuro o aquellos que escriben un papel de trabajo con una propuesta país. Eso de criminalizar el reunirse para intercambiar opiniones, tener posiciones personales contrastantes a las del gobierno y proponer cambios económicos o políticos es impresentable para cualquier país democrático del mundo», sontiene el economista.
«Finalmente, a todas estas, Lorenzo Mendoza se enteró de la opinión y las reuniones con el Dr. Hausmann en esa conversación y resulta que lo usan como excusa para atacar, a través de él, a Empresas Polar, buscando crear un chivo expiatorio en medio de la crisis de popularidad del gobierno. El país necesita rescatar la racionalidad. Y eso pasa por el trabajo conjunto de todos los actores fundamentales del país. Acciones agresivas como ésta, usadas como estrategia burda de campaña, sólo nos alejan más de la solución que todos merecemos.»
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