Empieza la cuenta atrás financiera. A Argentina le quedan poco más de 24 horas para evitar un nuevo default. Una suspensión de pagos que agudizaría los males de la economía nacional, que sufre ya una incipiente recesión.
A medida de sus batallas más épicas, la presidenta Cristina Kirchner lucha esta vez contra los fondos buitre, un grupo de tenedores de bonos que se negó a aceptar las distintas ofertas del Gobierno para cobrar las deudas y que ahora reclama dinero fresco. Sin descontar ni un solo céntimo.
La decisión de la Justicia de Estados Unidos ha dejado a Argentina contra las cuerdas. En Nueva York, el juez Thomas Griesa avaló una reclamación de los fondos buitres, en virtud de la cual bloqueó un pago realizado por el Gobierno sobre la deuda ya reestructurada y le dio cuerda al reloj: puso un mes como plazo para resolver el conflicto con los buitres. Y el tiempo límite acaba el miércoles 30 de julio.
Las negociaciones continúan en la Gran Manzana. Los fondos buitre quieren cobrar 1300 millones de dólares. El Gobierno argentino quiere pagar, dice, pero exige esperar hasta diciembre. ¿Por qué? Kirchner sostiene que si Argentina saca la billetera, los acreedores que aceptaron quitar en anteriores negociaciones (el 92,4 aceptaron quitas superiores al 50%) podrían ahora dar marcha atrás y ejecutar reclamaciones por más de 120.000 millones. Al menos legalmente estarían en su derecho acogiéndose a la llamada cláusula RUFO, que permite que quienes adquirieron bonos puedan reclamar un trato igual si a otros acreedores se le reconoce el 100% de la deuda.
Desde la Plaza/El Confidencial/ AMH