Si en algo han logrado coincidir ambas toldas políticas en Venezuela, es que hoy enfrentamos una emergencia nacional en nuestra economía. Sin embargo, cada sector ha fijado su posición atendiendo a demandas muy diferentes; por una parte hay quienes consideran que es necesario impulsar un cambio en el modelo productivo del país, y por la otra hay quienes defienden el derecho de la existencia de una “economía competitiva” en la nación. Evidentemente, se trata de dos formatos diferentes: una economía social que busca romper el ortodoxo modelo rentista y una economía de mercado que busca incentivar la inversión de capital para también incentivar la producción nacional.
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Pero si lo pensamos muy bien, no se trata de dos realidades ajenas a un mismo problema sino de dos formas diferentes de abordar la misma situación. Como decían nuestros abuelos: “El mismo musiú pero con diferente cachimbo”. Pero de ser cierto esto último ¿Qué marca la diferencia entre ambas propuestas? La respuesta pareciera estar al voltear la esquina: los intereses económicos de cada tolda política para resolver la situación económica y social que mantiene cual novela “en su etapa cumbre” a la población.
Ahora ¿Qué tienen en común y que diferencia cada proposición?
En una esquina: El Decreto de Emergencia Económica propuesto por el Presidente Nicolás Maduro
En su mensaje anual a la nación, el primer mandatario nacional acudió el 15 de enero de 2016 a presentar formalmente ante la Asamblea Nacional (AN) el Decreto de Emergencia Económica para que fuese analizado por los diputados del parlamento. Su fin único: concretar un gran acuerdo entre los poderes públicos nacionales para poder dar solución a los problemas económicos del país. Tan sólo 7 días después la AN recahazó dicha propuesta por calificarla, según las voces de los propios parlamentarios que votaron en contra “de más de lo mismo, de una nueva excusa para continuar con el despilfarro de recursos en el país”.
Sin embargo, trataremos de describir grosso modo los aspectos más importantes de este decreto, que a saber son:
– La posibilidad de disponer de los recursos excedentes del presupuesto asignado para el Ejercicio Económico de 2015.
– Asignar recursos extraordinarios a proyectos de la administración pública para ser usados en los sectores de salud, educación y vivienda.
– Implementar medidas especiales para la reducción de la evasión fiscal.
– Crear modalidades de contratación en determinados sectores económicos con el fin de agilizar las compras urgentes del Estado.
– Implementar medidas que ayuden al tránsito de mercancías en puertos y aeropuertos.
– Agilizar los trámites cambiarios establecidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el Banco Central de Venezuela (BCV) para agilizar la importación de bienes o insumos tanto del sector público como privado.
– Precisar que las empresas públicas y privadas aumenten los niveles de producción y abastecimiento de determinados rubros.
– Crear mecanismos para asegurar el acceso a la población de alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad.
– Diseñar medidas para estimular la inversión extranjera.
– Fortalecer el sistema de misiones sociales con la asignación de nuevos recursos.
Evidentemente se trató de una propuesta integral que buscaba que mediante la asignación de recursos a diferentes áreas del país, y no exclusivamente del área económica, se reactivaran los motores de producción nacional. Sin embargo, por votación mayoritaria del poder legislativo, el hemiciclo no consideró prudentes los métodos que se emplearían para la asignación de estos recursos destinados a atender estas necesidades y en contraparte aprobaron una propuesta conocida como “Declaratoria de Emergencia Alimentaria” que, en conjunto con un programa de leyes que se han aprobado recientemente, buscan diseñar un modelo de país partiendo del poder que les fuera otorgado en las elecciones del pasado 6 de diciembre.
En la otra esquina: Declaratoria de Emergencia Alimentaria por la AN
El pasado 11 de febrero, la Asamblea Nacional acordó la aprobación de un acuerdo de declaratoria de emergencia alimentaria a raíz del desabastecimiento alimentario y en este sentido, el diputado Julio Borges presentó el proyecto de Ley de Producción Nacional, que según sus palabras “se encargará de crear una economía productiva con las participación de las empresas públicas y privadas donde el abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad estaría garantizado”.
Uno de los aspectos de esta propuesta es que no sólo contempla un método de asignación de recursos a la economía del país, sino que busca poner fin al modelo económico y político establecido durante los últimos años por considerarlo inviable para la sociedad. En resumidas cuentas se centra no sólo en buscar nuevos métodos para combatir el desabastecimiento alimentario y la crisis económica del país, sino en cambiar la forma en cómo se distribuyen estos recursos.
Por lo tanto, acá presentamos un resumen de este proyecto de ley impulsado desde la AN:
– Atacar el modelo impositivo para motivar a las empresas a que se sientan seguras en la recaudación de impuestos.
– Terminar con el problema de las permisologías necesarias para la importación y distribución de alimentos en el país.
– Elaborar un inventario de las empresas expropiadas durante los últimos años para que sean devueltas a sus dueños iniciales y reactiven su producción.
– Diseñar un mecanismo que permita a los productores nacionales incrementar la producción de las tierras ociosas y con bajo funcionamiento.
– Generar estímulos para que las empresas puedan contratar mayor talento humano sin tantos cargos para el empleador y los ayude a producir sin generar pérdidas.
Primer round: Entre semejanzas y diferencias
Ambos propuestas plantean puntos críticos a considerar, se reúnen en el espíritu de atender una problemática nacional pero se alejan entre las prioridades bajo las cuales se basan sus argumentos. Por una parte, el decreto del Gobierno nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia declaro vigente, que busca fortalecer los preceptos socialistas a favor del pueblo y por la otra la ley de producción nacional de la AN intenta flexibilizarlo.
Como hemos comentado anteriormente, se trata de intereses distintos en la búsqueda de dar solución a un mismo problema que afecta a todos los venezolanos, pero que la ejecución de cada una de estas medidas determinará la forma en la cual un sector u otro de la sociedad resulte más beneficiado. Por los momentos, existe una fuerte confrontación entre ambos poderes públicos que buscan imponer sus prioridades para solventar las dificultades de la economía nacional ante 30 millones de espectadores que estamos observando la arena donde se decidirá, en los próximos meses, el destino de la economía de Venezuela.
DesdeLaPlaza.com / Emanuel Mosquera