Este martes fue procesada la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y le ordenaron un embargo por millones de pesos.
El proceso legal contra a la ex mandataria fue llevado a cabo por el juez Julián Ercolini, el cual la procesó por «asociación ilícita y administración fraudulenta agravada» y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (680 millones de dólares) por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, así lo informó ‘La Nación’.
La resolución judicial indica que la antigua mandataria argentina habría «perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los intereses» de Argentina para «procurar un lucro indebido propio o de terceros», como el del empresario Lázaro Antonio Báez, dueño de Austral Construcciones.
Fernández estaba acusada de haber estado involucrada en una asociación ilícita creada para «apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial» entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015.
Otros más
En la resolución dictada hoy por Ercolini, se ordenó también el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero (10.000 millones de pesos) a Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner, quien trabajó para De Vido como Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas.
De igual forma fueron procesados Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, que trabajaron en Vialidad, además de Mauricio Collareda (estuvo al frente del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur), Carlos Villafañe (anterior autoridad del organismo vial en Santa Cruz) y Raúl Villafañe, ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta.
Todos ellos fueron procesados por considerarlos «prima facie» partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y a estos últimos se le ordenó el embargo de 2.500.000 de pesos.
Persecución política
El 31 de octubre, la expresidenta argentina aseguró que el juicio era «una maniobra extraordinaria de persecución política« y su objetivo principal era desviar la atención de los verdaderos problemas que afronta Argentina, debido a que «este nuevo Gobierno trata de esconder lo que es un verdadero desastre económico y social».
DesdeLaPlaza.com/Agencias/Rubén Scorche