Marielle Franco de 38 años, era Concejal, socióloga, feminista y activista para los derechos humanos en Río de Janeiro, perteneciente al Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Su vida acabó el 14 de marzo de este año en una zona conocida como Estácio ubicada en el centro de Río de Janeiro, a manos de ocupantes de un vehículo que se dió a la fuga.
La concejala fue interceptada (luego de intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa) por un automóvil que se puso a su lado y disparó hasta nueve tiros antes de huir; venía acompañada de su chofer quien también murió en el suceso que tuvo todas las características de un atentado, y una asesora que quedó gravemente herida.
Marielle Franco fue alcanzada por tres tiros en la cabeza y uno en el cuello, el conductor recibió tres tiros en la espalda causándoles la muerte, según informó la policía brasileña encargada de investigar el caso.
El asesinato provocó una serie de reacciones y protestas en todo el país contra una acción que el propio presidente, Michel Temer, calificó de «atentado a la democracia”.
En Brasil han ocurrido asesinatos de activistas y políticos de barrio, pero nunca se había visto lo que los compañeros de la víctima y la propia policía califican como la «ejecución» de una persona con tanta notoriedad pública y en pleno centro de la ciudad.
La concejal era uno de los mayores críticos con respecto a la intervención militar, había sido designada ponente de la comisión constituida recientemente en la cámara municipal de Rio para fiscalizar la actuación del Ejército, ya que el mes anterior a su asesinato el Gobierno Federal instaló una nueva política de seguridad: entregar al Ejército el control del orden público en Río, ante la imparable escalada de violencia.
El sábado anterior al crimen, ella denunció al 41º Batallón de la Policía Militar, de la favela de Acari, apuntado por el Instituto de Seguridad Pública como el mayor causador de muertes en los últimos cinco años.
La Amnistía Internacional y la organización de abogados (OAB) del país exigieron al Gobierno una investigación rigurosa para aclarar las motivaciones del asesinato.
Según las investigaciones de la policía civil, la munición utilizada, fue de calibre 9 mm, la cual no puede ser vendida a los civiles en general. Asimismo informaron que la munición pertenecía a un lote vendido a la Policía Federal de Brasilia por la empresa Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC).
El análisis técnico además reveló que la munición era original. Por su parte, la Policía Federal abrió un interrogatorio para filtrar el origen de las municiones y como ellas llegaron a Río de Janeiro. Del mismo modo, el Ministro Extraordinario de la Seguridad Pública Raul Jungmann afirmó que la munición fue robada de la sede de los Correos en Paraíba «años atrás».
La Procuradora General de la República, Raquel Dodge, afirmó que su gabinete está empeñado en la investigación del asesinato, por medio de una monitorización de las investigaciones y de la evaluación de federalización del caso.
Sin embargo, a pesar de que según la Amnistía Internacional, las cámaras de circuito cerrado de televisión cercanas a la escena habían sido apagadas poco antes de efectuarse los disparos apuntando a que las milicias parapoliciales están detrás de este crimen, el ministro de Seguridad Raúl Jungmann reconoció que aún hay muchos interrogantes.
En el avance del caso, la policía de Brasil detuvo a dos exagentes por ser sospechosos del asesinato de la concejala debido a que un testigo quien también fue detenido por estar vinculado en el homicidio de Marielle Franco y su conductor, los delató.
Actualmente, Monica Beníco viuda de Marielle Franco se pronunció diciendo que «es fundamental seguir exigiendo justicia, principalmente porque vivimos en un país que tiene la memoria corta”. Del mismo modo denunció ante la ONU la indiferencia del Estado frente al caso que sigue impune.
Este es otro caso de femicidio que hasta el sol de hoy sigue sin resolverse, sin encontrar a los culpables, y sin hacer justicia. Está vez quizá por la implicación directa que tiene el Estado en el suceso.
DesdeLaPlaza.com/AG