El pasado 17 de junio, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, denunció a través de su cuenta Twitter que diversas cuentas de esa red social, pertenecientes a entes públicos y tuiteros chavistas, fueron bloqueadas y eliminadas de la plataforma de microblogging. Para el momento Villegas afirmó que cerca de 180 cuentas habían sido suspendidas.
Villegas lo calificó como una “limpieza étnica”, pero ¿realmente esta definición sirve para explicar este “fenómeno” de censura que pudimos ver en Twitter?, ¿o es algo más?
Términos y condiciones
Primero lo primero: cuando cualquiera de nosotros decide abrir una cuenta en una red social (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat), antes de proceder, nos invitan a leer un enorme testamento llamado “términos y condiciones”. Aquí no hay negociación posible: si usted no marca la casilla de acuerdo con estas condiciones, no puede abrir su usuario. ¿Alguien lee estos textos que son tan largos no en vano? Me atrevería a generalizar y decir que nadie lo hace.
Algunos influenciadores opositores en la red señalan que estas cuentas han violado varios de esos términos y por eso Twitter, como empresa correcta que es, las suspendió ante la “reiterada” violación de sus normas.
Algunas de ellas son:
- Acoso: no se permite incitar o participar en situaciones de abuso o acoso dirigidos a otras personas.
- Comportamiento que incita al odio: no se permite fomentar la violencia contra otras personas o atacarlas o amenazarlas directamente.
- Cuentas en serie: se prohíbe la creación de varias cuentas con la misma finalidad.
- Información privada: no se permite publicar información confidencial o privada de otras personas.
- Suplantación de identidad (impersonation): no se permite suplantar la identidad de otras personas a través de los servicios de Twitter.
¿Incurrieron las cuentas chavistas en alguna infracción?
¿Alguna de estas 180 cuentas ha incurrido en alguno de estos “delitos” tuiteros? No podemos responder por todas ellas, pero dudo que eso haya podido ocurrir con las cuentas de Radio Nacional de Venezuela o de Miraflores TV. Ahora, el tema es que uno como usuario ve una cuenta Twitter, pero Twitter (la empresa) ve administradores. Por ejemplo, si yo, Simón Herrera, tengo a mi nombre 50 cuentas, aunque no esté haciendo nada “incorrecto”, ya la empresa me pone en la mira. Y si lo que está en mi poder es un ejército de bots (cuentas fantasma automatizadas para posicionar contenidos dentro de esta red), entonces la notoriedad aumenta.
Ahora, cuando hablamos de acoso, incitación al odio y publicación de información privada, ¿en qué cuentas pensamos? ¿Quién se les viene a la mente? Una cuenta que salta rápidamente a la vista es la de VVSinCensura (@VVperiodistas), que en un principio nació –supuestamente- como una cuenta de periodistas opositores dentro de Venevisión, descontentos con el viraje en la línea editorial, pero que en los últimos meses se ha convertido en una cuenta fascistoide dedicada a revelar información personal de familiares de funcionarios del Gobierno y que promueve su persecución.
Así como esa cuenta, en esta red pululan cuentas de este tipo dedicadas a promover el “escrache” contra los chavistas. ¿Cuántas han sido suspendidas? Ninguna. ¿Están violando las condiciones y términos de Twitter? Sí. Así que por ahí queda evidencia de que la razia contra las cuentas chavistas sí pudo haber tenido un direccionamiento político.
Reitero, sí hay algo cierto es que el gobierno también hace uso indiscriminado (así como la oposición) de bots para posicionar etiquetas en momentos específicos, totalmente vacías de contenido y sin ningún tipo de comportamiento orgánico. Ahora, ¿están las 180 cuentas suspendidas señaladas de esto? Lo dudo, pero en todo caso, tampoco lo sabremos nunca.
La caja negra de las redes sociales
¿Hay algo que no nos dice Twitter y el resto de las redes sociales? Sí: cómo funciona y cómo gestiona el contenido que nosotros generamos y que generosamente les regalamos.
Aparte de las condiciones y términos, existen una serie de normas, protocolos y funcionamientos internos que desconocemos totalmente y a los cuales nos entregamos con una mano adelante y otra atrás. Por ejemplo, es normal leer cada tanto en las noticias que tal o cual red cambió su algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que Twitter pudo haber introducido un protocolo para que ninguna etiqueta que tenga la palabra “bolivariano” se posicione en sus tendencias. Ojo, estoy dando un ejemplo. Es por eso que a veces vemos que hay una tendencia que tiene millones de menciones y no se posiciona; o se posiciona y en cuestión de minutos desaparece.
Luego, aunque estas redes advierten que todo lo que subamos en sus servidores queda bajo su propiedad y discrecionalidad, no sabemos a ciencia cierta qué hacen con toda esa información que compartimos. O realmente sí: la venden. Y la venden tanto a empresas publicitarias como al Gobierno de su propio país, donde sí deben responder ante la ley (¿Les suena la “Patriot Act” en Estados Unidos?).
Dicho esto, cualesquiera que hayan sido las motivaciones de Twitter para este masivo acto de censura, es difícil precisarlas a través de una lupa empañada.
¿Derecho a pataleo?
Sí, el Gobierno puede y debe reclamar el cierre de estas cuentas. Incluso la misma Twitter contempla una serie de mecanismos para recuperar el acceso a las cuentas suspendidas.
Lo que no debe ocurrir es que el Gobierno deposite un importante porcentaje de su política comunicacional (exitosa o no) en las redes sociales, porque en esta mesa no reparte las cartas. Para reflexionar: ¿por qué China creó su propia red social equivalente a Twitter, llamada Weibo? Se responde sola la pregunta. Es como sentarse en una mesa de diálogo moderada por el Ku Klux Klan y luego quejarse porque lo censuran a uno por negro.
Lo otro que también debe evaluar el gobierno es hasta qué punto es efectivo seguir metiéndose en la guerra de etiquetas y qué se logra con eso. Twitter es una trinchera de batalla válida y necesaria, ¿pero es ahí donde debe enfilar toda su artillería?
DesdeLaPlaza.com/SN/Simón Herrera Venegas