No hubo mucha espera: arrancó el mes de marzo y sin dilación el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogó por un año más el decreto ejecutivo que declara a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para ese país”. Podríamos pensar que la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional pudo haber sido un aliciente para derogar ese decreto, pero no. ¿Por qué se prorrogó si hubo algunas iniciativas de acercamiento entre ambos países el año pasado?, ¿qué factores entran en juego?, ¿se busca algo más aparte de perjudicar a Venezuela?
Para el politólogo Jhon Guerra Sansonetti, la lectura del decreto Obama se debe realizar en 4 esferas: diplomática, política, ética y práctica del derecho.
1.- Presión regional
En la esfera diplómatica, Guerra nos explica que Estados Unidos está buscando “provocar a países como Colombia, Costa Rica, México, Perú, Argentina y de alguna forma a Chile para que ejerzan acciones contra Venezuela o se declaren a favor de una emergencia (de cualquier tipo) en territorio criollo”.
A pesar de que los mecanismos de integración promovidos desde la Revolución Bolivariana han expresado su apoyo (Celac, Unasur, Alba, Petrocaribe), existen gobiernos en la región aliados políticamente de Estados que pudiesen tratar de ejercer presiones para que Venezuela cumpla algunas de las condiciones que exige Estados Unidos.
2.- Derechos Humanos
Barack Obama en su decreto afirma que Venezuela es un Estado que no garantiza los derechos humanos para su pueblo y además los viola constantemente a través “de la violencia, el nulo acceso a la libertad de expresión y pensamiento, la persecución política de disidentes y la grave situación económica que sufre la nación”.
Una de las puntas de lanza para esta iniciativa fue la liberación de Leopoldo López, que, aunque no está solicitado explícitamente, sí está planteado en la ley que da base al decreto, como una de “las pruebas” de que en Venezuela no hay garantía de DDHH y persecución.
3.- Ética
Guerra explica que Estados Unidos quiere abrogarse la potestad de revisar la situación de DDHH en Venezuela, “pero no tiene el récord en su territorio para hacer eso. Al mismo tiempo que Obama firmaba el decreto en marzo de 2014, en Ferguson, la policía asesinó a Michael Brown y luego fue exonerado de todos los cargos. Y así hubo otro caso en Nueva York”.
4.- Jurisdicción Universal
Es importante no perder de vista que el decreto Obama se sostiene sobre la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, que fue aprobada por el Congreso en 2014 y le da potestad al presidente para dictar “la emergencia”.
“La propia Ley viola y pasa por encima de todo el sistema que rige las Naciones Unidas”, afirma Jhon Guerra y acota que “esa ley pretende castigar a funcionarios de Venezuela desde un punto de vista abstracto, porque no existen bases ni condiciones para que Estados Unidos juzgue a alguien fuera de su territorio”.
Guerra explica que el país norteamericano pretende sostenerse sobre la “jurisdicción universal” y, posiblemente, “llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional si fuere necesario”.
La receta en cocción
Que el decreto se haya ampliado durante un año no es una iniciativa puntual ni aislada. A la par, “diversas voces” (entre comillas porque es la misma gente de siempre con el mismo discurso) se pronuncian sobre “la grave crisis que está viviendo el pueblo venezolano”.
No en vano, como nos comenta Guerra, “los proponentes de la ley son los mismos que siempre han estado detrás de Venezuela desde que llegó Chávez. Uno de ellos es Bob Menéndez, quien actualmente es juzgado por soborno. Otro es Marco Rubio y también John McCain”.
Entre esas “voces” figuran las célebres ONG como Freedom House, Transparencia Internacional y Humans Right Watch (HRW), que ya desde hace unos meses empezaron a publicar sus informes: “Libertad en el mundo” (enero 2016), “Índice de percepción de la corrupción 2015” y HRW que hace poco colaboró en la redacción de una manifiesto donde “diversas voces” califican de “nulo» el juicio de Leopoldo López.
No mencionamos a estas ONG gratuitamente: las tres son parte de los “considerando” de la ley que dio nacimiento al Decreto Obama. Que estas organizaciones se hayan abocado a presentar “pruebas” contra Venezuela en los meses previos a marzo pareciera un basamento perfecto para que el primer mandatario estadounidense diga “en Venezuela no ha cambiado nada, la situación de crisis sigue igual y por tanto sigue siendo una amenaza”.
Y a hacerse la vista gorda
La semana pasada se conmemoraron 27 años de “El Caracazo”. No vamos a hacer un repaso extenso de historia, con mencionar que en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidch) reconoció que en ese estallido social solo hubo algo más de 40 muertos, basta. Los Comités de Víctimas estiman al menos 300 muertes y miles de desaparecidos en los días posteriores al 27 de febrero.
Podemos hacer un repaso por otros países y casos donde la OEA se ha hecho la vista gorda: el exterminio de fuerzas políticas de oposición en Colombia como el caso de la Unión Patriótica (ni hablar de Gaitán y el Bogotazo); la “desaparición” de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México; los recientes golpes de Estado en Honduras y Paraguay; el asesinato de periodistas en Honduras a raíz de la salida forzosa de Zelaya; el descubrimiento de numerosas fosas comunes en México en los últimos meses y podemos seguir en un largo etcétera.
Pero ni la OEA, ni Estados Unidos, ni España, ni el Club de Madrid ni ninguna ONG furibunda que anda por ahí pierde tiempo para “preocuparse” por Venezuela. El Decreto Obama es fin y medio a la vez: acorralar a nuestro país a toda costa internacionalmente y fortalecer la sensación de que existen las condiciones objetivas para la intervención, ¿pero de qué tipo terminará siendo esa intervención si llegara a darse?
DesdeLaPlaza.com/Simón Herrera