Un sondeo de opinión realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras indicó que 7 de cada 10 ciudadanos considera que la corrupción sigue igual o ha aumentado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esta es una de las razones por las que miles de hondureños se aventuraron a salir de su país en la llamada caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos para conseguir una mejor vida y futuro.
Según Transparencia Internacional (organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito mundial) Honduras se ubicó en el puesto 135, de 180, de la lista de los países más corruptos del planeta.
Esto se debe a que en los últimos años se han descubierto diferentes casos de corrupción. El que destapó la olla fue el desfalco del sistema de salud (por más de 335 millones de dólares) que generó un movimiento de indignación que obligó al presidente JOH a solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con el objetivo de mitigar el descontento social antes de su reelección ilegítima (ya que la Constitución de ese país no la estipula), como alternativa para conseguir votos.
La MACCIH inició investigaciones y descubrió que 60 diputados se apropiaron de fondos públicos (cerca de 12 millones de dólares) destinados a las ONG (hay 30 de ellas implicadas) para acciones con comunidades que eran falsas y nunca se ejecutaron. El «Caso Pandora», como fue denominado, desató molestia en los ciudadanos y en la oposición de Honduras.
Las averiguaciones del Ministerio Público (MP) y la MACCIH arrojaron que una importante cantidad de ese dinero vino del saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), financió la candidatura presidencial de JOH en 2013 y las campañas de otros partidos.
Luego de ser revelado este hecho, la desconfianza de la población creció y un 75,6% piensa que sí hay corrupción en el manejo de recursos y dinero desde el Congreso Nacional de Honduras, según resultados de la encuestadora ERIC.
Esto fue visto como una amenaza para el gobierno de JOH (quien también está implicado) y sus aliados del poder legislativo y judicial por lo que la Corte Suprema de Justicia decidió archivar las investigaciones contra los diputados con la Ley de Presupuesto (que tiene como fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas), que fue llamada por sus detractores “pacto de impunidad”.
Esta reforma legislativa establece un período hasta de tres años para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realice una auditoría a casos sospechosos de malversación de dineros públicos y en ese tiempo los acusados no podrán ser procesados por las autoridades e impide que la Fiscalía General procese casos de corrupción que datan desde 2006.
Además le dio todo el poder al TSC para realizar auditorías e investigaciones relacionadas con la gestión de fondos públicos, labor que antes le correspondía a la MACCIH y a la Fiscalía.
Luego de esta decisión Juan Jiménez Mayor, jefe de la MACCIH, expresó que esta Ley era pacto de impunidad y una grave interferencia a la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía.
Por su parte, la secretaría general de la OEA, dirigida por Luis Almagro, al ver que la investigación arrojó datos concretos contra la corrupción en Honduras, le retiró el respaldo a MACCIH y envió una carta al presidente JOH arremetiendo contra el papel de la Misión y asegurando que no había generado resultados.
Esto causó la renuncia de Jiménez que además denunció que Almagro no lo recibía desde septiembre del 2017 y que le quitó todo el respaldo a su labor.
La decisión de Almagro era de esperarse debido a que, es importante destacar, el presidente de Honduras es aliado de Estados Unidos y, a pesar de lo que la MACCIH ha descubierto, Washington no le ha retirado su apoyo.
Fraude electoral
En 2017, exactamente el 26 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Honduras donde los candidatos Juan Orlando Hernández (aunque era ilegal su reelección) y Salvador Nasralla (apoyado por Manuel Zelaya) optaban por ese puesto.
Al finalizar la jornada el El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio como ganador en la madrugada a Narsalla con 57% de ventaja. Poco tiempo después el sistema se cae y cinco mil actas electorales no fueron trasmitidas. Esta irregularidad fue denunciada por los observadores internacionales y dirigentes la oposición hondureña como fraude.
El 29 de noviembre sorprendentemente JOH superó a Nasralla por 1,6 puntos lo que generó que los opositores salieran a las calles a protestar. Estas manifestaciones se intensificaron por varios días y la represión policial dejó varios muertos.
El TSE anuncia los resultados electorales el 4 de diciembre y da como ganador a JOH y la OEA denuncia “falta de garantía y transparencia” y el órgano electoral aceptó revisar las actas que no transmitidas nuevamente.
Después de la revisión el TSE proclama a Hernández con el 42,95% de los votos como el triunfador de la contienda ante el 41,42% de Nasralla. Aunque la OEA pidió repetir las elecciones JOH rechazó la solicitud y el 27 de enero de 2018 hace su toma de posesión.
Hasta la fecha estos casos de corrupción en Honduras siguen engavetados en el Congreso sin la más mínima intención de ser investigados y de condenar a los culpables que en su mayoría conforman el actual gobierno que encabeza JOH, que obtuvo una victoria dudosa en las últimas elecciones.
DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM