Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, que sustituya la prisión preventiva de la dirigente social indígena y diputada del Parlasur, Milagro Sala, por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva de sus derechos.
En garantía de su «vida, integridad personal y salud», el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos dictó la medida a favor de la diputada, detenida desde enero de 2016, y le ordenó al Gobierno de Macri que «a más tardar el 15 de diciembre envíe un informe completo y detallado sobre lo dispuesto para cumplir con la resolución».
Asimismo, la Corte exigió al Gobierno argentino que la nueva prisión domiciliaria de Sala se lleve a cabo «en su residencia o lugar donde habitualmente vive».
La medida llega luego de una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asegura que el Gobierno de Argentina incumplió las medidas cautelares a favor de la dirigente social indígena.
De acuerdo a la CIDH, la justicia de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida Sala, en la prisión de Alto Comedero, tomó decisiones que «agravan la situación de riesgo de Sala, quien cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, previstos en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La CIDH, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado en diversas oportunidades la liberación de Sala, al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
DesdeLaPlaza.com/Telesur/RS