El gobierno boliviano ha impulsado una normativa, como respuesta a la erradicación de la pobreza extrema, que permite a menores de edad tener un empleo por cuenta propia. El reglamento ha generado polémica entre los legisladores de ese país.
El Código Niño, Niña y Adolescente establece ciertos límites en el tipo de trabajo para los menores, como por ejemplo la minería, la zafra de azúcar o castaña, la fabricación artesanal de ladrillos o trabajo hospitalario.
En Bolivia, la mayoría de los niños deben trabajar en tareas rurales y agrícolas en el campo, a parte de aquellos que lo hacen por cuenta propia como vendedores informales o en los mercados.
Los últimos registros dados a conocer por el Instituto de Estadística boliviano (2010) señala que cerca de 850.000 niños y adolescentes, de entre 7 y 15 años, trabajan.
El vicepresidente Ejecutivo, Álvaro García Linera, informó que ha costado elaborar el nuevo Código «porque había un conjunto de convenios internacionales que el Estado ha firmado referido a los derechos de la niñas, niños y adolescentes, y existe una realidad boliviana, una herencia una forma de trabajo una modalidad propia de lo que es el trabajo y la situación de los niños y adolecentes del país».
García Linera, en ese sentido, saludó el arduo trabajo de los legisladores para adecuar la realidad de los infantes y adolescentes a los planteamientos de los convenios.
Críticas
Esta nueva medida ha sido analizada por la estatal Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez de La Paz y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció la semana pasada que iniciarán una investigación en Bolivia por esta nueva ley, pues la edad mínima establecida por los convenios es de 14 años, excepto en los países de subdesarrollo, donde se les permite trabajar desde los 12.
«Hay preocupación de que la ley pueda llevar a la reducción de la edad mínima para trabajar por debajo del mínimo indicado por las Convenciones de la OIT, ratificadas por Bolivia», expresó el vocero de Ginebra, Hans von Rohland.
La nueva ley «es una señal de que el Estado boliviano no es responsable con respecto a sus compromisos internacionales y a crear políticas de Estado serias», dijo Marcelo Claros a la AFP, representante de la Defensoría de la Niñez de la Paz.
El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, argumentó que el Código Niña y Adolescente facilita el trabajo de los fiscales de la División del Menor en tipificar los crímenes cometidos contra los infantes en Bolivia.
«El Código Niña, Niño y Adolescente promulgado el jueves es una norma específica de trato preferencial en su aplicación y será más fácil para los fiscales adecuar la muerte de un menor al delito de infanticidio y facilita el procedimiento que se aplica», explicó.
La norma estableció, entre los nuevos tipos penales, el infanticidio para el que se determina una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, similar al delito de asesinato con todas las agravantes.
Desde La Plaza/ Infobae-ABI/ KH