La oposición venezolana ha sostenido su ataque contra la Carta Magna desde su génesis en la Constituyente de 1999, pasando por los episodios de golpe de Estado y desestabilización, hasta el carácter asumido como mayoría en el Poder Legislativo en 2016 que ahora se opone a la reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro.
Actualmente la oposición denuncia un presunto “fraude” y “estafa” en esta convocatoria hecha por el Presidente ―basada en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución― con falacias desde “con la Constituyente no se come” hasta el “fin del legado de Chávez” y señalamientos sobre una ANC “no originaria”, aunque en abril de 2016 fuera esta la alternativa propuesta por algunos diputados de derecha, como Freddy Guevara (Voluntad Popular), de no hacerse un referendo revocatorio presidencial ese año.
Tanto antes como ahora
La refundación de la República fue la bandera utilizada por Hugo Chávez (MVR) en la campaña electoral de 1998, promesa que ningún otro candidato presentaba y que fue criticada por su contendor más cercano, Henrique Salas Römer (Proyecto Venezuela), quien defendía la idea de “hacer cumplir las leyes” manteniendo la Constitución vigente desde 1961.
La propaganda opositora desestimaba constantemente la propuesta del candidato Chávez y el 17 de diciembre, pocos días después de la victoria del 6D, la oposición maniobró para cerrarle el paso a la convocatoria para una ANC al introducir un recurso de interpretación ante la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia.
El fallo anunciado el 19 de enero reconocía en el pueblo su carácter de Poder Originario y como primer acto de Gobierno el 2 de febrero el presidente Chávez firmó el decreto número 3 que llamaba al pueblo soberano a pronunciarse si estaba de acuerdo con la convocatoria a una ANC, cuya aprobación se hizo mediante referéndum consultivo el 25 de abril.
Meses antes, las fracciones parlamentarias opositoras del Congreso Nacional, recientemente instalado el 23 de enero, fueron las primeras en pronunciarse en contra de un proceso constituyente. Acción Democrática introdujo un recurso de nulidad ante la CSJ en contra el decreto presidencial señalando “inconstitucionalidad” e “ilegalidad”. Al recurso introducido por AD, le siguieron otros interpuestos por Gerardo Blyde, Allan Brewer Carías, Pedro Nikken y Laureano Márquez, que fueron declarados inadmisibles.
Siempre la OEA
La primera jornada desestabilizadora denunciada por dirigentes del MVR ocurrió en febrero, cuando dirigentes adecos, copeyanos y de Proyecto Venezuela promovieron invasiones en Caracas para generar un clima de zozobra y romper con la paz necesaria para llevar a cabo el proceso constituyente; en marzo, como lo denunció Angela Zago de la Comisión Presidencial Constituyente, dirigentes de AD y Copei presionaron a miembros del Consejo Nacional Electoral para modificar las bases comiciales de la consulta.
“Hay un ambiente que están creando ciertos poderes constituidos para entrabar el proceso, y en momentos de la historia venezolana esas decisiones han terminado en guerra civil”, denunció Zago sobre las maniobras adecas, que en abril llegaron a señalar que el gobierno de Chávez era un “régimen de facto”.
En dicha oportunidad los adecos elevaron a la Organización de Estados Americanos el planteamiento de ruptura del hilo constitucional en Venezuela para lograr una intervención, invocando el Protocolo de Washington. “Se pretende llevar la imagen de que estamos prácticamente en una dictadura”, denunció por su parte el entonces Canciller José Vicente Rangel.
Con base en lo establecido por el Poder Electoral, de forma masiva el pueblo aprobó en el referéndum consultivo del 25A el llamado a una Asamblea Constituyente; el 25 de julio fueron elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto sus 131 miembros, el 3 de agosto fue instalada y el 15 de diciembre fue aprobada la nueva Carta Magna por el 71% de los electores.
El Carmonazo
Recientemente entrevistado por CNN, el ex constituyentista Allan Brewer Carías sostuvo que Maduro “no puede convocar a una Asamblea Constituyente” y que sólo puede hacerlo el pueblo, declaración que se suma a otras que buscan deslegitimar el llamado hecho por el Presidente.
Brewer Carías fue uno de los que introdujo en 1999 el recurso de nulidad contra el decreto número 3 del presidente Chávez para la realización de la ANC y aunque fue constituyentista, su tesis sobre la Constitución Bolivariana será una de las bases que sustentó el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Según Brewer Carías, como lo dice en su texto Génesis y evolución de la Constitución de 1999 (disponible en internet en formato PDF), la Constitución Bolivariana “fue producto de un fraude a la Constitución cometido por los recién Poderes constituidos de 1999, luego de que la Asamblea Constituyente diera un golpe de Estado contra la Constitución de 1961”.
A dicha proposición sobre una Carta Magna fraudulenta se suma el supuesto “vacío de poder” que surgió la noche del 11A cuando el general Lucas Rincón refiere la solicitud de renuncia hecha al presidente Chávez por parte de los golpistas; Según Pedro Carmona Estanga en Mi testimonio ante la historia (2005), Allan Brewer Carías ―quien lo ha negado reiteradamente― consideró este anuncio como la prueba que avaló la consecuencia jurídica y golpista llamada “Decreto Carmona”.
La primera violación de la Constitución se consuma el 12 de abril cuando sobre la falacia del “vacío constitucional de poder” fueron destituidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Contralor, del Defensor del pueblo y los miembros del CNE, además del nombramiento del “nuevo presidente” de la República, un golpe de Estado revertido por las fuerzas populares que restituyeron a Chávez en la presidencia el día 13.
Las “salidas”
Un segundo ataque contra la Constitución fue durante el sabotaje petrolero de 2002-2003, que generó las condiciones de zozobra para que un sector radical de la oposición exigiera una “salida electoral”; sobre este clima de opinión la coalición opositora Coordinadora Democrática organizó una recolección de firmas para solicitar ante el CNE un referendo consultivo en el que se le preguntara al pueblo si estaba de acuerdo con que el presidente renunciara.
Esta consulta no requería esperar el lapso (mitad del mandato) ni el número de firmas del Registro Electoral establecidos (20%); además de las irregularidades en la recolección de firmas y su carácter no vinculante, el mismo no fue procedente luego del pronunciamiento del TSJ, por lo que la oposición tuvo que recoger el porcentaje de firmas necesarias para que en 2004 se convocara a un referéndum revocatorio en el que resultó ganadora la opción No, con el 59%, que refrendó al presidente Chávez en la presidencia.
Por aquellos días comenzó el primero de los repetidos ensayos de golpe suave incitado por dirigentes de oposición. En 2004 fueron la primeras guarimbas promovidas por la ultraderecha, una práctica de violencia y destrucción que hasta el presente atenta contra derechos contemplados en la Carta Magna.
Esta práctica se perfeccionaría en 2014 con el plan golpista llamado “La Salida” ―el cual es reeditado en abril de 2017― que violenta derechos previstos en la Constitución como el de libre tránsito (artículo 50), con el cierre de calles y saboteo a servicios de transporte público; el derecho a la educación (102 y 103), como ocurrió con el ataque al preescolar que funcionaba en el Ministerio para la Vivienda y Hábitat ubicado en Chacao.
Asimismo, el derecho ambiental (127) con la tala y quema de árboles para el cierre de vías; el derecho a la vida (43) con las muertes producidas por acciones vandálicas como la colocación de guayas en las calles, lanzamiento de objetos contra personas y homicidios con armas de fuego; y recientemente el derecho a la salud (83), con el ataque al hospital materno infantil Hugo Chávez, ubicado en la parroquia El Valle.
Ni en el Parlamento
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional obtenida en diciembre de 2015 optó por instalarse como un Estado paralelo de régimen parlamentario para la toma del poder político, violentando de esa forma la Constitución.
Su agenda desde 2016 ha sido desconocer al resto de los poderes públicos, como fue su intento de destituir a los magistrados del TSJ, razón que motivó a la bancada del Bloque de la Patria a introducir un recurso de nulidad, igualmente, la pretensión de aplicar un juicio político y la declaración de “abandono del cargo” al presidente de la República han sido otras maniobras de golpe parlamentario que violentan la Carta Magna.
Este conflicto de la AN con el resto de los poderes públicos vulnera lo establecido en el artículo 136 en lo que respecta a la colaboración de los poderes para los fines del funcionamiento del Estado; y las pretensiones de establecer un juicio político al presidente no concuerda con el artículo 222 de la Constitución que establece la “declaración de responsabilidad política” la cual debe ser impulsada por el Poder ciudadano, no por la AN.
Aunque se encuentra en desacato por la proclamación de tres diputados cuya elección fue denunciada por fraude, la AN se ha tomado atribuciones como solicitar ante la OEA la aplicación de la Carta democrática con el propósito de promover una intervención extranjera y recientemente declaró la nulidad del retiro de Venezuela de la organización, acciones que siempre apuntan a deslegitimar al Poder Ejecutivo.
De manera sorprendente ahora los diputados opositores se apegan a la Constitución de 1999 ante la convocatoria hecha por el Presidente para una Asamblea Constituyente ―que en algún momento la misma oposición planteó hacer― mientras invocan al artículo 350 para darle aliento a la violencia que ya desataron mientras el Gobierno insiste con la propuesta de diálogo.
DesdeLaPlaza.com/Pedro Ibáñez