Venezuela tiene algunas famas ganadas y la del «culebrón» es una: el país hoy parece una telenovela en etapa cumbre, en sus capítulos decisivos, con los protagonistas desentrañando el nodo definitivo.
Este domingo será la elección para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las condiciones son estas: la oposición decidió no participar, el chavismo llama a votar y, pese a los vientos de negociaciones y cabos sueltos que auguraban diálogo, ni el gobierno ni sus adversarios logran un acuerdo para desescalar la confrontación. Como agravante, Estados Unidos y sus amenazas de aplicar «fuertes y rápidas» sanciones si el comicio se lleva a cabo.
En Caracas, la situación parece la anécdota garciamarquiana de «algo muy grave va a suceder en este pueblo». La incertidumbre se ha instalado en los polos de la ciudad: en el oeste, bastión del chavismo; y en el este, territorio controlado por la oposición. Los seguidores del gobierno alegan que participarán en la elección pero temen que escale la violencia, mientras el antichavismo está dispuesto a boicotear el comicio porque considera que el país va hacia una «dictadura». Las aguas apenas se tocan y el 30 de julio se vislumbra como una suerte de lindero que definirá la suerte de la nación suramericana con las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las crisis económicas más importantes de su historia.
¿Qué llevó al 30J?
En 2015, la oposición logró mayoría en la Asamblea Nacional. Esa ventaja, sin embargo, fue momentánea: después de una investigación post-electoral, se determinó que hubo irregularidades en el comicio en el estado Amazonas por el delito de compra de votos y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la desincorporación de los diputados hasta que se realizaran nuevas elecciones.
Ese hecho abrió una fisura entre el gobierno y la oposición que terminó convertida en un abismo. El Parlamento, que ahora no tenía la hegemonía chavista, decidió declararse en desacato y emprender acciones para precipitar la «salida» del presidente Nicolás Maduro «en seis meses» por vías para-constitucionales como un «juicio político», que no estaba contemplado en la Carta Magna; la activación de un referendo revocatorio, cuyas firmas presentaron tantas irregularidades que cinco tribunales ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la paralización del proceso «hasta nueva orden judicial»; y la declaratoria de «abandono del cargo«, aunque el mandatario jamás estuvo ausente en sus funciones. El juego se fue cerrando de tal manera para la derecha, que en abril de este año lanzaron su última apuesta para poner punto final al gobierno bolivariano: la protesta de «calle sin retorno».
Desde entonces, el recuento de muertos y heridos no discriminó entre manifestantes opositores, militantes del chavismo, fuerzas de seguridad y personas ajenas al contexto de las protestas. En ese maremágnum, hubo un hito: El 1 de mayo, en un acto por el Día del Trabajador, el presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una apuesta osada para medir fuerzas con la oposición por vía electoral o, en palabras del mandatario, lograr «un diálogo superior de paz».
El diálogo que no fue
En la acera del chavismo, el llamado a la ANC tuvo reacciones diversas. La posibilidad de que la oposición arrasara en ese comicio eran muy altas. Hubo quienes acusaron a Maduro de poner en riesgo el «legado» de Hugo Chávez al abrir la opción de que la derecha lograra la mayoría en la elección y participara en la redacción de una nueva Constitución. Pero a los días, los temores se dispersaron: el antichavismo dijo que no participaría.
Lo más curioso es que el sector más radical de la oposición, el mismo que hacía dos años clamaba por la realización de una ANC, fue el que más férreamente se negó a lanzarse al comicio. Por más intentos de acercamiento, mesas de diálogo y negociaciones bajo cuerda, no ha sido posible acordar su participación. La derecha, que había logrado la mayoría parlamentaria con el mismo CNE, desempolvó el argumento de la «trampa» del árbitro y la elección «amañada» para cerrar de plano la opción de saldar las diferencias en las urnas electorales.
Así, el «diálogo superior de paz» quedó sin una de las partes. El antichavismo, que sigue en las calles con la promesa de boicotear el comicio, asegura que la Constituyente es ilegal y, por eso, ha hecho lobby internacional para promover sanciones contra el país. Las gestiones han dado resultado: EE.UU. ya ha aplicado medidas punitivas contra el gobierno venezolano y amenaza con apretar las tenazas mediante un bloqueo petrolero; la derecha regional -con gobiernos como el de México y Colombia a la cabeza- han respaldado las acciones en contra el país suramericano; y la mano fuerte de las instancias financieras aprieta el cuello a la lesionada economía venezolana.
¿Qué se elige el domingo?
En política, diría José Martí, lo importante es lo que no se ve. Más allá de los discursos entre los voceros del gobierno y la oposición, lo que ha habido desde mayo es una medición de fuerza y resistencia: por un lado, la derecha ha jugado al desgaste con movilizaciones casi diarias en los focos que gobierna; y por el otro, el chavismo ha mantenido la convocatoria Constituyente como la única vía para la resolución de las diferencias.
¿El resultado? La oposición ve mermado su apoyo en las calles por el desgaste que ha significado para sus seguidores el bloqueo de vías, la violencia desmedida y el incumplimiento de las promesas de su dirigencia; mientras que el chavismo, en su ribera, tendrá que ir a la elección sin contrincante y con el lastre de no haber enfriado los tizones de la confrontación política.
Quienes acudan a las urnas este domingo elegirán a 537 constituyentes: 173 miembros sectoriales (por las áreas de trabajadores, estudiantes, comunas, campesinos y pescadores, pensionados, personas con discapacidad y empresarios) y 364 territoriales, a razón de uno por municipio, dos por capitales de estado y siete por Distrito Capital.
Más de 200.000 funcionarios garantizarán la seguridad del comicio y, debido a que algunas zonas han sido más afectadas por la violencia opositora, el CNE ha dispuesto de centros de votación de contingencia y ampliado el perímetro de resguardo en los colegios electorales.
Elección o boicot
El ministerio de Interior y Justicia ha advertido que sancionará a quienes realicen acciones de protesta que impidan votar a los electores, lo que se lee como una advertencia directa a los llamados de la oposición a boicotear el comicio.
En la víspera, el gobierno norteamericano ha ordenado la salida del país a los familiares de sus funcionarios en la embajada porque «la situación política y de seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente»; varias aerolíneas han cancelado sus vuelos hacia Caracas y las «compras nerviosas» están a la orden del día en varios sectores de la ciudad capital.
La única certeza es la incertidumbre. Los escépticos, cansados de escuchar que en Venezuela siempre están por llegar los jinetes del Apocalipsis, aseguran que nada va a pasar; los menos optimistas, esperan la confrontación; y los profetas del desastre ven el domingo como el Armagedón. En la calle, sin embargo, el ánimo es más o menos el mismo: todos se saben protagonistas de un culebrón, pero pocos intuyen qué les depara el guión. El lugar común arropa las expectativas con un simple «amanecerá y veremos».
Pero no toda la suerte está echada. El resquicio de un acuerdo parece asomarse en las palabras que el presidente Maduro le dijo a RT a mediados de esta semana: «A la oposición solamente le va a quedar una vía: atender la convocatoria al diálogo nacional que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la próxima semana». Ese, hasta ahora, es el único escenario planteado para el-día-después-del-domingo.
DesdeLaPlaza.com/RT