Desde su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena parte del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En algunas regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los representantes de las dependencias federales.
Los sucesos del pasado 16 de septiembre en Iguala, donde murieron varios estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, exacerbaron la crisis. Y aunque al principio el gobierno federal intentó reducir el problema a una crisis local, Peña Nieto terminó por asumir su responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismos internacionales.
Para el diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas clandestinas en Iguala, así como la declaración del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28 personas encontradas no corresponde a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de septiembre, ponen en evidencia omisiones que el gobierno federal no puede eludir.
Oriundo de Guerrero y consejero nacional de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a Proceso que por lo menos desde el primer trimestre de 2013 un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de los municipios y de las afectaciones directas al desarrollo de la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero.
Fueron integrantes de esa organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su búsqueda de los 43 normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de Gobernación acerca de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la reportera el también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB).
Desde la Plaza/Proceso/AMH