Para concretar la infraestructura mundialista, el gobierno de Brasil se vio en la necesidad de habilitar mayores espacios, lo que ocasionó la desocupación y expropiación de muchos terrenos donde vivían familias completas.
Esta situación generó mucha inconformidad en estos grupos que, si bien fueron indemnizados, no recibieron el valor real de lo que costó sus casas, según denuncian. Ahora estarían viviendo en peores condiciones.
«Yo había construido mi futuro, que era mi casa, con mucho esfuerzo. Y de repente ellos vienen y nos hacen perder todo. Derribaron lo que era nuestro sin pedir ningún permiso. Lo que me dieron no es ni la mitad del valor de la casa y no alcanza para comprar otro inmueble«, contaba Jerónimo Sebastiao de Oliveira, uno de los afectados de la localidad de Camaragibe, área metropolitana de Recife, en el estado de Pernambuco.
En la zona expropiada, el gobierno de esa entidad lleva a cabo dos obras de infraestructura para facilitar el acceso al estadio Arena Pernambuco, donde se jugarán cinco partidos del mundial.
Según revelan los implicados, al menos un centenar de casas se expropiaron allí, donde la procuraduría General ayudó con resarcimientos que van desde los 1.350 hasta los 135.400 dólares, según la evaluación del terreno y del inmueble.
Aún con ello, muchas familias han recurrido a la Defensoría para mostrar su desacuerdo y han iniciado procesos legales contra el gobierno de Pernambuco. De hecho, el fiscal general Thiago Arraez de Alencar Norres reconoció que existen problemas en las expropiaciones, porque no existe una política de vivienda, llevando a que «algunas personas quedaran en situaciones difíciles».
Desde La Plaza/Infobae/ NCH