La nueva Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia (cuyo nombre, como promotores de la paz, debería comenzar por donde termina –Ley por la convivencia pacífica, por la tolerancia, y contra el odio-) es quizás uno de los instrumentos legales más avanzados de la historia de Venezuela. La Producción Nacional Independiente jugará un papel importante en esta lucha contra el odio que se nos pretendió imponer a uno de los pueblos más pacíficos de este planeta: ¿Cómo organizarla? ¿Cómo establecer una campaña que realmente sea efectiva, donde los recursos sean correctamente invertidos, y los resultados se hagan palpables, para sanar las heridas, y que más nunca la ambición política de unos enfermos que decidimos sacar con votos en 1998 vuelva a jugar con las vidas de las y los venezolanos?
Un politiquero de Acción Democrática, ejemplo de la Venezuela del fracaso, llamado Alfonso Marquina, señaló que la Ley contra la discriminación racial, que hoy la gran mayoría Venezuela ha asumido (y su más importante artículo decora todos los locales comerciales y de esparcimiento del país) era una ley para “dividir a los venezolanos, porque en Venezuela nunca hubo racismo”.
Todo el mundo sabe que en Venezuela existe el racismo, y que por ello se necesitaba una Ley contra la discriminación racial, para acabar con las prácticas propias de una clase económica colonial, que tras la independencia, monopolizó el poder político (o bien manejándolo directamente, o bien indirectamente, con títeres a su servicio), y donde quienes lucharon por la libertad en los campos de batalla ni siquiera tuvieron derecho a las tierras en pago por sus servicios. Esta Ley resultó un acertado golpe a la desigualdad, antes impuesta, y luego, sofisticada a través de los distintos mecanismos que los que dominaban el país, amparados por la visión imperial y supremacista de Estados Unidos, fueron logrando para hacer ‘natural’ que unos venezolanos pudiéramos acceder a nuestros derechos ciudadanos, y otros no.
En Venezuela, la legislación de hoy surge, no para evitar impredecibles prácticas futuras, sino para regular las desviaciones y distorsiones que van surgiendo, como resistencia natural a una Revolución. La Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia no surge para señalar lo obvio (la ausencia de odio entre la mayoría inmensa del pueblo venezolano), sino para evitar que los crímenes de odio atroces que se cometieron en el segundo trimestre de este 2017 se repitan en Venezuela.
Y para que no se repitan estos hechos lamentables, debemos reconstruir el tejido social afectado a través del mismo canal en donde se promovió el odio: Los medios de difusión. El Artículo 12 de esta nueva Ley reza: “Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por Productores Nacionales Independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular”
En el mismo artículo señala las vías de financiamiento de estos mensajes: “El Fondo de Responsabilidad Social y el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine deberán otorgar prioridad al financiamiento de la producción de contenidos dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”
¿Cómo lograr éxito en esta responsabilidad que nos pone el artículo 12 de la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia?
Lo primero que debemos informar es que, por ahora, los fondos dispuestos para cumplir el artículo 12 de esta Ley, son limitados:
- El Fondo de Responsabilidad Social no cuenta con los mismos ingresos de hace unos años (los prestadores de servicios señalan que, cito: “La ley de precios justos ha limitado las ganancias de sus anunciantes, lo que hace que haya bajado la publicidad y, por tanto, los recursos que ellos asignan al Fondo de Responsabilidad Social”
- El Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONCINE) debe estar pasando por la misma situación, a pesar del aumento histórico de la producción de cine hecho en Venezuela, y de un aumento histórico de la afluencia a las salas nacionales
La guerra económica no es solo contra los alimentos, la medicina, y los repuestos de los vehículos. La información que aquí suministramos obliga a hacer un plan de conceptualización de los mensajes que debemos promover en la ciudadanía, recepción de ideas creativas (y subrayamos la palabra, porque no se trata de una publicidad que diga ‘no odies’, sino todo tipo de productos que puedan asociarse con el rechazo al odio, la promoción de la tolerancia y de la convivencia) hechas por cineastas, PNI’s y comunicadores populares, producción de dichas ideas, y su acertada puesta en escena en todas las radios, televisoras, pantallas de cine, y por supuesto, redes sociales.
Para lograr esto, deberíamos actuar, basados en el Artículo 12 de la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, de la siguiente forma:
- Entender que la Ley no castiga un sentimiento, sino una forma criminal de hacer política, a través de la siembra del odio entre seres humanos, basada en acciones concretas: Como ya explicamos en nuestra columna TV contra el odio, un delito de odio ocurre cuando una persona ataca a otra, motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, sexo, identidad de género humano, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, y por supuesto, ideología o afiliación política.
- Entender que, como demuestra el Constituyente Alberto Aranguibel en su trabajo “Contra el ‘derecho al odio’”, esta Ley por la tolerancia no es una ocurrencia de Maduro, ni del Gobierno, sino el pago de una deuda con el mundo civilizado: El 16 de noviembre de 1996 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) decretó el Día de la Tolerancia. Para la Unesco, “el odio surge de la ignorancia y del miedo; miedo a lo desconocido, al otro, a culturas, naciones o religiones distintas. La intolerancia también surge de un sentido exagerado del valor de lo propio y de un orgullo personal o religioso exacerbado. Nociones que se aprenden a una edad muy temprana, en razón de lo cual hay que poner énfasis en la educación, en enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños para ayudarles a tener una actitud abierta y generosa hacia el otro”.
- Entender, y hacer entender, por todo lo anteriormente dicho, que la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia no es venganza, ni retaliación política: Sancionar crímenes contra la humanidad es un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aprobamos en 1999, en su artículo 271, que establece que los delitos contra los derechos humanos no prescriben (y los delitos de odio son violaciones a los derechos humanos). La Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la toleranciadebe evitar que ocurra, una vez más, reincidencia: En febrero de 2003, tras la derrota del sabotaje petrolero que ellos apoyaron, fue frecuente ver en los medios de comunicación privados una campaña de ‘ablandamiento’ para una audiencia que, con la recuperación de PDVSA, comenzó a ver quiénes promovieron el odio entre las y los venezolanos durante esa acción golpista. Fue en esos mismos días que los medios promovieron una campaña en un ‘Teletón’ que supuestamente era para unos hogares para niños en situación de calle, y además campañas publicitarias donde se promovían como ‘factores de unión entre los venezolanos’ (a pesar que los chavistas no eran venezolanos para ellos, cuando incitaban a agredirlos en las calles), como ‘promotores de la paz’ (cuando mantuvieron en vilo de violencia a un país por más de 2 años –especialmente en los dos meses que duró el sabotaje petrolero- hasta que el revocatorio que perdieron los detuvo). Ciertamente, para una élite que, creyendo que aún gobierna Venezuela, viola las leyes cuando quiere, porque cree que no habrá castigo para ellos, porque se evade, o se victimiza, la Ley contra el odio es el disuasivo para que no vuelvan a actuar como lo hicieron en la primera etapa con el Presidente Chávez, y en la segunda con el Presidente Maduro. Pero de la campaña que se haga depende que el pueblo venezolano no sea más nunca llevado por el camino a la violencia, y por ello debemos promover la conciencia en que estamos cumpliendo leyes universales, y no retaliación.
- Entendiendo lo que queremos promover, y estableciendo las líneas maestras de la campaña, convocar a los PNI’s, cineastas y comunicadores populares para que presenten propuestas: Las propuestas deben seleccionarse, en una primera línea de producción, por su acabado (seguramente hay creativos y productores que tienen años buscando presentar ideas que se asocien con la paz, la tolerancia y la convivencia), y en una segunda línea de producción, por su viabilidad, una vez se desarrollen concretamente, con el tiempo que se requiere para que el mensaje sea efectivo.
- La campaña debe ser con productos variados y creativos, no con ‘mensajes institucionales’: Es cierto que la Ley establece un tiempo diario de mensajes, pero un día a la semana, 21 de los 30 minutos de mensajes que promueve la Ley podrían ser un programa semanal, de media hora de televisión, destinado a una PNI que, por ejemplo, promoviera un espacio para que las y los jóvenes músicos promovieran su arte, su sueño de ser músicos de un género específico en Venezuela, donde la tolerancia se expresa en la diversidad de opciones, sin distingo político o ideológico, que allí se presentan. También pudiera ser un programa de concursos donde dos grupos de jóvenes de las dos tendencias políticas dominantes de Venezuela responden lo que saben de su tendencia contraria, o programas de comedia donde ambos sectores políticos son satirizados por humoristas identificados con uno u otro sector (que un humorista que simpatiza con la oposición haga sátira de sus políticos, que una humorista vinculada con el chavismo haga lo propio con las y los políticos de la revolución bolivariana), entre otras ideas que, además de creativas, abrirían fuentes de trabajo, y reactivación de la producción audiovisual en Venezuela para muchos profesionales de nuestros medios, y nuevos talentos.
- Hacer seguimiento y control de esta campaña, y de los recursos en ella invertidos: Una campaña debe promover cambios de conducta en las y los venezolanos. Es necesario apoyarse con encuestadoras y diversos instrumentos de medición para garantizar que se naturalice en el cine, en la radio, en la TV, y por supuesto, en breves videos ‘virales’ en las redes, la conducta pacífica que nos ha caracterizado por décadas en el mundo y, para los que aquí vivimos, programas que evidencien las posibilidades que tienen el hombre, la mujer, el chamo o la chama, para soñar, trabajar, y producir por Venezuela.