Por: Ennio Di Marcantonio

La Asamblea Nacional, temporalmente controlada por la derecha, ha dado pruebas concretas en estos 7 meses de su pretensión, inconstitucional, de secuestrar el espectro radioeléctrico, por fin de todas y todos los venezolanos, no para informar, sino para eliminar el debate propio de una democracia, e imponer, no la verdad, sino su discurso

Para que exista democracia, deben escucharse, verse, y leerse, en los medios, toda la gama del pensamiento político, desde la izquierda hasta la derecha, desde el centro hasta las ideas moderadas.

Esto ocurre hoy, sin duda alguna, en Venezuela, los únicos límites a tu libre expresión (y aun así, tienes derecho a ejercer tu libertad, pero asumiendo tu responsabilidad cuando lo hagas) son los que establece el artículo 57 de la Constitución: No puedes hacer propaganda de guerra, ni discriminar, ni promover la intolerancia religiosa, y por supuesto, no puedes censurar a las personas con responsabilidad de gobierno, para informar sobre su trabajo.

Hoy esa libertad intenta vulnerarse con la actual Asamblea Nacional, que está urgida por imponer su discurso a través del control absoluto (o al menos de lograr una capacidad avasallante) de los medios a su favor, para difundir su idea, no basada en la realidad, sino en la construcción de una crisis, y luego la ‘difusión’ de la misma.

Principalmente, necesitan de la televisión, que sigue siendo el principal medio que tenemos a la mano, el 98% de las y los venezolanos, para informarnos.

Son muchos los indicios de esta urgencia de la derecha, circunstancial mayoría parlamentaria, vamos a los hechos concretos:

• La amenaza de despedir a los trabajadores, y poner ANTV en manos de los propagandistas que manejan la página de terrorismo financiero ‘Dólar Today’, forzó a los trabajadores y trabajadoras a tomar el canal de la Asamblea Nacional, con el apoyo de la gestión saliente del parlamento, y del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, para mantenerlo en funciones legales, y constitucionales. 
• Francisco ‘Kico’ Bautista, Productor Nacional Independiente de Globovisión, entre otros medios, y hoy diputado suplente de la AN, prometió ‘desmantelar’ la misma Ley RESORTE que lo hizo PNI (lo que demuestra que ‘Kico’ fue un parapeto que Alberto Federico Ravell, Director General de este canal de noticias, defenestrado por sus propios socios, dadas las inmensas pérdidas en multas que les estaba generando con su propaganda de guerra, utilizó para mantener al personal a su servicio, y de su discurso, evitando Productores Nacionales verdaderamente Independientes) 
• Julio Borges, del ultraderechista Primero Justicia, anunció que pretende censurar el derecho que todas y todos tenemos a la expresión del pensamiento, amenazando con revisar (inconstitucionalmente) las concesiones de los medios comunitarios, y devolverlas, sin autoridad para hacer esto, a quienes las perdieron dentro del sector privado por usarlas ilegalmente.

Ante esto último, La diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, alertó que la reforma de la Ley de Telecomunicaciones que pretende la bancada opositora pretende incluso juzgar el contenido de todos los medios de difusión, con un proyecto legislativo que introduce controles a lo que se debe difundir en las emisoras de radio y televisión, entre otras irregularidades.

Pero lo más grave, esta comisión (siguiendo el discurso manipulador de quienes manejan el dinero en la radio y la TV, que demostramos en nuestra columna: “Locución ¿VERSUS? PNI (y IV)” busca criminalizar a los sectores populares que han creado su propia radio y televisión comunitaria, descalificándolos por carecer de título profesional (¡Como si Luis Chataing, quien ejerce el periodismo ilegalmente dentro del sector profesional, por ejemplo, lo tuviera!)

La agresión del parlamento adeco-burgués llega incluso a intentar deslegitimar al Sistema de Medios Públicos y Alternativos, quienes han asumido una posición de defensa de la República y sus instituciones, es decir, su función: “Otro planteamiento de la derecha es la criminalización del sistema de medios públicos y los alternativos que califican de tarifados…”, denunció la diputada Tania Diaz, integrante de la referida Comisión de Medios, controlada por la derecha venezolana.

Finalmente, la Asamblea Nacional anunció el intento de evitar que el presidente de la República, electo por la mayoría de las y los venezolanos, pueda hacer uso de las cadenas presidenciales para informar al país sobre asuntos que son de su responsabilidad. Esto es una clara violación al artículo 57 de la Constitución: “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”

No nos extrañemos de ninguna sentencia del Poder Judicial contra cualquiera de estas iniciativas inconstitucionales que intente el parlamento adeco-burgués por intentar secuestrar el espectro radioeléctrico, liberado en este siglo XXI para todas y todos los venezolanos.